Frente a las amenazas del Gobierno de Mariano Rajoy a las comunidades autónomas que devuelvan la sanidad a los inmigrantes ilegales, al Partido Popular le ha salido oposición en su propio partido. Este viernes la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha anunciada que la administración regional entregará en los próximos meses a los inmigrantes sin papeles un documento para que tengan atención primaria y especializada en la región madrileña.

Según declaró en el Congreso el secretario general de Sanidad, Rubén Moreno, el Gobierno central podría actuar contra las comunidades autónomas por este asunto “por vulnerar competencias estatales” y ante la posibilidad de que la Unión Europea sancione a España con “multas millonarias”, lo que puede traer “consecuencias catastróficas”.

Investigación y multas
El número dos del Ministerio de Sanidad también anunció en su comparecencia que la Abogacía del Estado está ya estudiando las normas aprobadas por las autonomías por si fueran inconstitucionales. “Si eso es así, deben entender que el Estado tendrá que actuar”.

Sobre las “consecuencias catastróficas” de esta decisión, Rubén Moreno explicó que la Unión Europea podría imponer “multas diarias millonarias” e incluso la “paralización de fondos europeos” ya que, al atender a los inmigrantes ilegales. “también tendrían que atender a los ciudadanos europeos que acudan a esa región cuando lleven tres meses de residencia y no paguen el seguro en su país de origen”. La Comisión Europea, recordó, estuvo a punto de multar a España en 2011 por reconocer la asistencia a todos los europeos que venían al país.

En concreto, la amenaza del secretario general se dirige a las cuatro comunidades autónomas que, habiendo cambiado de Gobierno tras las elecciones del pasado 24M, han decidido recuperar la sanidad universal y devolver la cobertura a los inmigrantes ilegales: Aragón, Comunidad Valenciana, Baleares y Cantabria.

Las comunidades se plantan
Ante estas amenazas del Gobierno de Mariano Rajoy a las comunidades ‘rebeldes’, éstas ya se han plantado y no van a ceder ante lo que consideran una cuestión de “derechos humanos”. Así lo ve Mónica Oltra, vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, y se cuestiona “muchísimo que una medida de sentido común, como es hacer un control de salud pública y que no se extiendan las epidemias, sea sancionable”.

Además, Oltra se encuentra “sorprendida” por las amenazas del Gobierno más aun recordando que el propio ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, “estaba estudiando recuperar la sanidad universal para las personas migrantes, tanto las de otros países que viene aquí, como los españoles que han emigrado al extranjero y a los 90 días se quedan sin cobertura sanitaria en este país”.

También desde la oposición en el Congreso se han criticado las palabras del secretario general de Sanidad. El diputado de Izquierda Plural, Ricardo Sixto, ha considerado que el Gobierno “acostumbra muchas veces a lanzar amenazas que no controla” y ha recordado que la única multa que ha puesto la Unión Europea a España fue por “falsear las cuentas” de la Comunidad Valenciana bajo gobierno del Partido Popular, “no por darle cobertura a gente que está en situación desesperada”.