El consejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, Jaime González Taboada. Foto: PP



Nuevo dolor de cabeza, y muy gordo, para Cristina Cifuentes. Uno de los pilares de su recién formado Gobierno, el diputado Jaime González Taboada, número 3 de en su lista en las pasadas elecciones y actual consejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, ha sido implicado por el cabecilla de la trama Púnica, David Marjaliza. El empresario, actualmente en prisión, ha acusado, además, a otro diputado autonómico, Bartolomé González, número 11 en la lista popular.

González Taboada, exdirector general de Cooperación con la Administración Local, ha sido implicado por Marjaliza en el “reparto” de las obras de infraestructura financiadas por la empresa pública madrileña Arpegio, que encabezaba el exconsejero de Presidencia Francisco Granados (también en prisión por esta trama) dentro del Plan Regional de Inversiones y Servicios de Madrid (Prisma), según adelanta el blog El Español.

Marjaliza acusa a González Taboada de cobro de comisiones
Se trata de un proyecto de cientos de millones de euros para la realización de infraestructuras en municipios de la Comunidad de Madrid, y que estaba a cargo de González Taboada, como director general de Cooperación con la Administración Local. Marjaliza ha declarado ante el juez que las adjudicaciones de las obras eran amañadas para conseguir comisiones. Se adjudicaban en tres lotes: uno iba a determinados funcionarios, otro para González Taboada y un tercero para Marjaliza y Granados.

El diputado autonómico Bartolome Gonzalez, exalcalde de Alcalá de Henares (d). Foto: PP



También implica a Bartolomé González
Marjaliza ha implicado, además, a Bartolomé González, número 11 de la candidatura de Cifuentes y exalcalde de Alcalá de Henares.

Bartolomé González, actualmente diputado autonómico, ha sido vinculado por Marjaliza en la supuesta actividad ilegal de la empresa Cofely España en el pago de comisiones a alcaldes y concejales a cambio de la adjudicación de contratos de eficiencia energética.

La empresa ofrecía a los ayuntamientos un plan de ahorro de energía y los alcaldes que accedían recibían sobornos. Según Marjaliza, Bartolomé González recibió presuntamente 60.000 euros de Cofely, en metálico, de manos de la secretaria de Marjaliza, Ana María Ramírez, quien también está imputada y que salió de la cárcel tras pagar una fianza de 40.000 euros.

Una diputada de Cifuentes, también implicada
El cabecilla de la Púnica ha acusado, también, a la exconcejal del PSOE en Valdemoro Eva Borox, actualmente diputada autonómica por Ciudadanos, de recibir 30.000 euros.