El presunto cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, durante su declaración en el juicio por los contratos de la Generalitat con dicha red para el montaje de su expositor en la feria de turismo Fitur. EFE
Francisco Correa, el empresario y presunto cabecilla de la trama Gürtel, se ha sentado este viernes en el banquillo por el dicho caso de corrupción y se ha desvinculado desde el primer momento de cualquier red corrupta.
El cabecilla de la Gürtel, que tiene pendientes otras causas en Valencia y en Madrid, ha explicado que fue idea de él crear Orange Market, empresa de la que era accionista y controlaba Álvaro Pérez ‘El Bigotes’, después de que Pérez le indicase que quería irse a trabajar en Valencia ante la presión que tenía en Madrid.
Sobre este hecho, Correa ha señalado que ‘El Bigotes’ era el que tenía todos los contactos en política, “conoció a Camps como también conocía a cualquier otro presidente y es posible que Paco le dijera ¿por qué no te vienes a Valencia y me haces alguna campaña?”.
La fiscal le desmonta
El cabecilla de la Gürtel ha insistido en que él personalmente no conocía a nadie del PP en Valencia y que a Camps le ha visto una vez en su vida, en la boda de la hija del ex presidente del Gobierno central José María Aznar. Lo mismo que ha dicho del ex secretario general del PPCV Ricardo Costa, señalando que solo lo había visto dos veces.
Frente a ello, la fiscal le ha puesto unas conversaciones telefónicas en las que Camps le da “recuerdos” de Costa y de David Serra, y en otra grabación se le escucha decir a Costa que iba a ser el próximo presidente del Gobierno. Preguntado al respecto, ha insistido en su versión.
Petición de 10 años
En este juicio Corre está acusado, junto con dos exconselleras del Gobierno de Francisco Camps, por la pieza 3 del caso Gürtel, relativa a presuntas irregularidades en contrataciones adjudicadas por la Generalitat en el marco de las ediciones de la feria Fitur entre 2005 y 2009.
Correa, que se enfrenta a 10 años de prisión y a 23 de inhabilitación por un delito de malversación de caudales, otro de cohecho y un delito de tráfico de influencias, según le reclama provisionalmente el ministerio fiscal.
