En el año 2007 el Partido Popular pensó incluir en sus listas al Congreso de los Diputados por León a Enrique López López, el magistrado que juzgará en la Sección 2 de la Sala Penal el caso Gürtel. Un intento fallido que se transformó poco después en una esforzada campaña para conseguir que fuera nombrado magistrado del Tribunal Constitucional primero como candidato del Senado. Para ello tuvieron que ponerse de acuerdo en cinco comunidades autónomas. Y superar muchos problemas. Pasarían seis años hasta conseguir el objetivo que terminó mal, pero culmina ahora con otros horizontes.

La tenacidad del PP tuvo características de gesta. En la Comunidad castellano leonesa a la que pertenece el magistrado, natural de El Bierzo, en octubre de 2007 había marejada interna entre los militantes del PP por los primeros lugares de la lista del Partido Popular al Congreso de los Diputados, de cara a las elecciones generales de marzo del 2008.

Aparece López en las quinielas
Si bien Morano parecía “la opción más firme con la que trabaja el PP”, según explicaba el Diario de León, para la segunda posición “quien sigue apareciendo como el mejor colocado es el portavoz del Consejo General del Poder Judicial, el leonés Enrique López”. El periódico matizaba prudentemente que aún era pronto para saber quién conformaría la lista.

Fin de las posibilidades
El posible futuro parlamentario del juez duró poco. En diciembre de 2007, el mismo medio anunciaba los nombres definitivos. “El asentamiento de Morano y López Riesco en la lista acaba con las especulaciones sobre la entrada de Enrique López, portavoz del CGPJ”

No cuajó
¿Qué había ocurrido? Pues según el periódico: “La incorporación estelar del juez leonés no ha cuajado, en parte por la función estratégica que desempeña en el órgano de la judicatura y en parte por los augurios de las encuestas, que alejan a los populares de la posibilidad de poder formar Gobierno”. Una frase que incita a la reflexión.

Pues al Constitucional
Lo cierto es que unos meses después de las elecciones, el Grupo Popular en las Cortes de Castilla y León proponía a Enrique López López como candidato al Tribunal Constitucional dentro del cupo de dos nombres que cada Parlamento regional podía ofrecer al Senado para que la Cámara eligiera a cuatro representantes. En total, cinco Comunidades nominaron al juez para el Constitucional. Fueron además de su patria chica, Madrid, Cantabria, Extremadura y La Rioja.

“Un desprecio”
 No en todas ellas se vio con agrado esta propuesta. En Extremadura Ignacio Sánchez-Amor, portavoz socialista, mostraba su decepción porque el PP no propusiera a ningún profesional extremeño. Y en La Rioja, para las filas socialistas el hecho de que López no fuera de la tierra “supone un desprecio para todos aquellos juristas riojanos que hubieran sido dignos y válidos candidatos”.

La profecía de Legarra
Más lejos fue el portavoz regionalista riojano Miguel González de Legarra, quien lamentó que el PP “se haya doblegado a los intereses del partido a nivel nacional” añadiendo con tono profético: “La trayectoria de Enrique López hará que pueda ser recusado en cualquier decisión que tome”.

Impuesto por Madrid
En su Comunidad, la portavoz socialista Ana Redondo reiteró que el magistrado berciano había sido “impuesto” por el Partido Popular en Madrid y no por el Grupo Popular de las Cortes de Castilla y León. En el caso de Madrid, las cosas fueron más suaves: PP y PSOE alcanzaron un acuerdo para proponer a sus dos candidatos –Lopez por el PP- a la decisión de los senadores.

¿Juzgará a los que le votaron?
Claro que no parece probable que nadie imaginara entonces lo que iba a pasar siete años después: algunos de los diputados populares madrileños que abogaron por su nombramiento se iban a ver en la sala que López presidiría en la Audiencia Nacional como imputados en una compleja trama de corrupción.

Le faltaban años de oficio
El esfuerzo fue inútil. La Mesa del Senado desechó ese año de 2008 la candidatura. No cumplía el requisito de sumar 15 años de experiencia profesional en la magistratura. El PP recurrió esta decisión sin éxito. En junio de 2010 un informe de los letrados de la Cámara rechazaba el argumento popular de contabilizar los años de servicio en el CGPJ para llegar al tiempo exigido argumentando que este tiempo de servicio no era asimilable “en absoluto, a la función jurisdiccional ejercida en exclusiva por jueces y magistrados”.

Encabezonados en nombrarle
El encabezonamiento del PP por nombrar a López llevó a que hasta septiembre de 2010 no se desbloqueara la renovación de cargos del Tribunal Constitucional cuando al fin los populares aceptaron retirar su nominación para proponerla más adelante. Hubo que esperar hasta junio del año 2013 en que los nombramientos del alto tribunal (cuatro) correspondían a las plazas designadas por el CGPJ y el Gobierno, para que el magistrado fuera finalmente designado por el ejecutivo.

El voto de calidad de Sala
Faltaba todavía conseguir la idoneidad preceptiva del propio Tribunal Constitucional. A mediados de junio sus doce magistrados votaron a los candidatos. Ninguno de los nuevos jueces tuvo problemas excepto López y la dichosa falta de años requeridos en la profesión. Se produjo un empate y el presidente, Pascual Sala, utilizó su voto de calidad para deshacerlo. Y le nombraron. Para el Partido Popular habían transcurrido seis duros años de pelea hasta lograrlo.

Sin casco y lo demás
Y al final… para nada. Porque justo un año después de llegar a la meta, Enrique López, magistrado del Constitucional, fue interceptado por la policía por conducir su moto sin casco el domingo 1 de junio de 2014 a las 4:30 de la mañana. Luego, en un control de alcoholemia el juez dio positivo superando con holgura el límite de alcohol considerado legal. Al día siguiente, presentó su dimisión.

Frustración 'popular'
Cabe imaginar la frustración de todos aquellos diputados autonómicos, nacionales, senadores y miembros del Gobierno del PP que se habían dejado la piel en el intento de que López alcanzara tan alto designio. Tanto trabajo destruido en una noche tonta.

El destino se llama Gürtel
Pero, y esos son los designios del destino, el regreso a su puesto en la Audiencia Nacional venía con sorpresa incorporada. El magistrado Enrique López recaló en la Sección 2, una sala a la que le corresponde juzgar el caso Gürtel, que afecta de lleno a los populares, aquellos que querían llevar a López en su lista y que pujaron con enorme denuedo por su carrera profesional. Bien está lo que bien acaba.