Sin embargo, en el pasado de Martínez-Maíllo hay una mácula relacionada con otro de sus cargos, el de consejero de Caja España, actividad por la que en la actualidad está imputado, según El Norte de Castilla, acusado junto a su 32 compañeros del Consejo de Administración por un posible delito de administración desleal que le costó a la entidad un perjuicio millonario.
60 millones de perjuicio
El caso nace de una denuncia presentada por Izquierda Unida y Ecologistas en Acción en relación con los créditos concedidos a directivos de empresas constructoras, entre ellos al presidente Santos Llamas, que supusieron graves pérdidas a la entidad financiera y un "perjuicio flagrante" de más de 60 millones de euros que al final tuvo que pagar el Sareb, es decir todos los españoles, como activos tóxicos por 24 millones.
"Normalidad y tranquilidad"
Cuando se conoció la noticia, Martínez-Maíllo ni se planteó dimitir de su cargo al frente de la Diputación y aseguró que afrontaba "con absoluta normalidad y tranquilidad" su citación para declarar en los juzgados de León. "Lo afronto con absoluta normalidad y absoluta tranquilidad. Yo he entrado en la Caja al final de todo el proceso y la política de la Caja en aquel momento era la refinanciación de las deudas, precisamente para salvarla. Yo pertenecía a un órgano colegiado y las decisiones se tomaban como órgano colegiado y siempre con los informes favorables de los que sabían del tema, los técnicos del Comité de Riesgos y del Comité de Dirección, que era el que llevaba la documentación y consideraba que la mejor solución para muchos créditos era la refinanciación en un momento en el cual la situación del ladrillo y de la economía iba empeorando", explicó Martínez-Maíllo.
