DEFEX, la empresa pública con un 51 por ciento del Estado y el resto participación privada, ha sido durante diez años, del 2003 al 2013, “un nido de corrupción sin control y con la garantía del Estado”, con el cobro de millonarias comisiones en las operaciones de venta de material militar a países de África, como Angola o Camerún, y de Oriente Medio, principalmente Arabia Saudí.

Principales implicados
Según adelanta la SER, en esta trama están implicados el presidente de DEFEX hasta junio de 2012, José Ignacio Encinas Charro, y el coronel de infantería de marina retirado, Ángel María Larumbe, además de la sobrina del espía Francisco Paesa, Beatriz García Paesa; el exdirector financiero de DEFEX Enrique Gómez Cuesta, y el exapoderado de la compañía Manuel Iglesias Sarrià. DEFEX depende de la pública Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI).

Cuentas en Luxemburgo, Hong Kong, Singapur y Suiza
Las comisiones cobradas por los cabecillas de esta trama se encuentran en cuentas en Luxemburo, Hong Kong, Singapur y Suiza, y actualmente están bloqueadas las de los principales sospechosos. La mayor parte del dinero se ingresaba en bancos en Singapur, país que no colabora con la Justicia española, y donde se perdió su rastro en las empresas Bergamote, Foolham, GTF Services y Gypsey Investment.

El contrato con Angola
Un gran contrato con Angola para la venta de armas por 152.9 millones de euros destapó la trama corrupta en CEMEX. Al país africano sólo llegaron equipamientos militares valorados en poco más de 50 millones; el resto, 100 millones,  fue repartido, presuntamente, en comisiones entre los cabecillas en España y funcionarios angolanos.

Un complejo entramado empresarial
Según la investigación, se tejió un complejo entramado financiero internacional para ocultar el dinero malversado. La sobrina de Francisco Paesa, Beatriz García Paesa, remitía parte de los fondos desde Luxemburgo a una empresa con sede en Hong Kong, y de ahí a Singapur y a Suiza, donde el dinero ingresa en cuentas de las empresas Cofinor y Beulac.

Estas dos empresas emitían facturas falsas, que tenían como objetivo dar apariencia de legalidad a las transacciones, pero que se repartían como comisiones los implicados en la trama.