La información, recogida en El País, se hace eco de la investigación de Hacienda que considera segura “la existencia organizada de un conjunto de personas y sociedades con reparto de funciones y mantenida a lo largo del tiempo”, que cobraron de las eléctricas al menos 110 millones de euros para agilizar la tramitación de parques eólicos en esa comunidad. Entre los beneficiados de estas comisiones se encuentran personas que, en el momento de las adjudicaciones, ocupaban altos cargos en la administración de Castilla y León, dirigida por el PP.
Amigos de la infancia
El caso más llamativo es el que fue hasta 2007 viceconsejero de la Junta, Rafael Delgado, el cual era el encargado de autorizar los parques eólicos desde 2004. Este alto cargo recibió más de 500.000 euros de origen desconocido desde Suiza tras su salida de la Consejería. Según informa la Agencia Tributaria y recoge El País, éste y otros pagos llegaban a través de la empresa Tugh Trade, fundada por Jesús Rodríguez Recio, amigo de la infancia del viceconsejero y que ha asegurado al periódico que “se limitó a ayudar a un amigo con dificultades económicas”.
Rafael Delgado firmaba la adjudicación de los parques eólicos después de que las eléctricas que los construían se asociasen con otro alto cargo de la Consejería de Economía, Alberto Esgueva, y su compañía San Cayetano Wind, que recibió 47 millones de Iberdrola cuando solo puso 24.400 euros.
“Indicio o prueba de blanqueo de capitales”
La investigación del enrevesado entramado de sociedades, pagos y amiguismo está ahora en manos de la Fiscalía Anticorrupción y del Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales del Ministerio de Economía. La información remitida desde la Agencia Tributaria considera que existe “indicio o prueba de blanqueo de capitales” y pide que se “continúen las investigaciones mediante el empleo de mayores medios”.
Desde la oposición de Castilla y León se ha exigido la dimisión del Consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, por ser el responsable tanto de Rafael Delgado como de Alberto Esgueva durante los años de las supuestas comisiones. Villanueva ha asegurado que las autorizaciones de los parques eólicos que se investigan son perfectamente legales y lamenta que la Agencia Tributaria no consultase a la consejería antes de remitir el caso a la Fiscalía Anticorrupción.
