La investigación, iniciada tras una denuncia de IU y Ecologistas en Acción, se centra en los créditos concedidos a empresas constructoras y que produjeron grandes perjuicios para la Caja. Entre estos créditos destacan los realizados al propio presidente de la entidad, Santos Llamas, según informa el Diario de León, colocado en el cargo por el Gobierno del Partido Popular en la Comunidad en 2006. La denuncia de estos créditos considera que podrían haber provocado unas pérdidas de más de 60 millones de euros en impagos, activos de la Caja que más tarde fueron comprados como tóxicos por la Sareb, el banco malo, por 24 millones.
Según ha comunicado el Banco de España a la jueza, se remitieron varios informes al Consejo de Administración en 2006 y 2008 advirtiendo de los riegos por conceder créditos a las empresas de Llamas y denunciando “la existencia de deficiencias en los informes de concesión de créditos y la inexistencia de informes de seguimiento de la situación de los acreditados, así como incumplimiento de los límites prudenciales y porcentajes máximos de financiación sobre los valores de tasación de las garantías establecidas por la Política de Riesgo de Caja España”.
El Banco de España, en sus repetidos informes, también denunció que había claros problemas de gobernanza en la entidad debido a “importantes disputas entre partidos políticos en los órganos de gobierno”.
Un presidente ilegal
Los propios informes del Banco de España también aseguran que Santos Llamas no debía haber sido presidente de la Caja dada su condición de moroso con la entidad. Según la Ley de Cajas de Castilla y León de 2005, cualquier persona con riesgo de impagos o en mora con la entidad no podía ser miembro del consejo de administración o presidente de una caja de ahorros. El informe recoge que el 80% de las operaciones firmadas por las empresas de Santos Llamas con la entidad que presidía eran de riesgo, aunque no estaban calificadas así.
Tras la marcha de Santos Llamas del consejo de administración en 2012, el Banco Ceiss comenzó a reclamar el pago de los créditos y sus intereses hasta que en 2013 inició acciones jurídicas.
