Las prisas y las presiones de Cristóbal Montoro cuando los asuntos van con otros, como ocurrió cuando se fue de la lengua respecto al 'caso Monedero', se convierten en evasivas si le salpican directamente a él. El ministro de Hacienda se ha enrocado en que no tiene "nada que ver" cuando le preguntan por los contratos que la Cámara de Comercio concedió en 2012 por valor de 216.000 euros a un bufete fundado por él seis años antes. El encargo consistía en un informe para cambiar el marco regulatorio de las Cámaras y según El País se concedió a dedo, por lo que la Fiscalía lo está investigado por presunta prevaricación.

"Nada que ver", la postura gubernamental
El ministro insiste en que dejó Montoro y Asociados (consultora llamada ahora Equipo Económico) en 2008 cuando volvió a ser diputado nacional, pero vendió las acciones a su propio hermano Ricardo -que no 'desapareció' de la misma hasta finales de 2012- y la sociedad seguía plagada de antiguos colaboradores suyos en su anterior etapa de ministro en el Gobierno de Aznar, un ejemplo de manual de 'puertas giratorias' como informó ELPLURAL.COM. Otro de los colaboradores más estrechos del ministro, Antonio Beteta, al que nada más ser elegido como ministro se llevó a su vera como secretario de Estado de Administraciones Públicas, ha insistido en la misma argumentación. Según Beteta, el ministro "no tiene absolutamente nada que ver" con este sombrío asunto porque ya no forma parte de la empresa que fundó. Pero el propio Beteta tiene que dar sus explicaciones al respecto porque también fue el máximo responsable de contratos públicos a esa misma empresa.

Todo queda en casa
De momento entre las personas que han tenido que declarar ante la Fiscalía Anticorrupción figura Carmen de Miguel, la secretaria general del Consejo de Cámaras de Comercios, el cargo que tiene que velar por la legalidad de los acuerdos del organismo. ¿Y quién es De Miguel, en ese puesto desde 2008 y actualmente en funciones? Un exalto cargo del Gobierno de Aznar ya que Eduardo Zaplana se la llevó desde la dirección del IVEX valenciano -donde según la oposición dejó en penumbras un quebranto de 8,4 millones de euros- a dirigir en 2002 el Instituto de la Mujer del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Y poco después el mismo Zaplana la nombraba secretaria general de Empleo en el mismo ministerio. Luego volvió al Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana, donde ya había trabajado.

Derecho privado
El Consejo de Cámaras de Comercio ha justificado el encargo a Equipo Económico diciendo que se rigen por el derecho privado y no por la Ley de Contratos. Expertos jurídicos consultados por ELPLURAL.COM ponen en duda ese extremo y recuerdan que de ser así no habría ninguna investigación de la Fiscalía porque como cualquier empresa particular podrían contratar a quién quisieran sin dar explicaciones. Pero no solo se trata de una corporación de derecho público que se nutre principalmente de dinero público y tutelada por Administraciones públicas. Es que el propio Consejo de Cámaras se dotó de un régimen interno de contratación que "es una traslación y adaptación de la Ley de Contratos para el sector público", advierten los expertos.

Su código interno dice otra cosa
Las 'Instrucciones internas para procedimientos de contratación' del Consejo de Cámaras de Comercio están visibles para todo el que el que las quiera consultar en su propia web y dejan claro que esas normas "están vigentes a partir del 30 de noviembre de 2010" (el contrato a la consultora fundada por Montoro se firmó en 2012) y que son "de obligado cumplimiento". Las instrucciones hablan ciertamente de derecho privado pero proclaman también que "la adjudicación de estos contratos por el Consejo está sometida a los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación", es decir, los mismos principios que rigen en la Ley de Contratos para el sector público. Y esas normas internas establecen que a partir de los 18.000 euros debe haber publicidad para aquellos contratos "no sujetos a regulación armonizada". La regulación armonizada es otro concepto que atañe por definición a los contratos del sector público y que suponen, como explican los expertos a este diario, precisamente un plus de publicidad con la obligación de que la oferta se publique en el BOE y en el DOUE para cuantías iguales o superiores a los 207.000 euros. Una vez adjudicado el contrato se rebajó a los 90.000 euros, lo que en cualquier caso y según su normativa interna impedía que el contrato fuera encargado directamente a una empresa.

Las instrucciones no hacen distinciones en el origen del dinero
ELPLURAL.COM ha contactado con el Consejo de Cámaras de Comercio sobre si se cumplieron esos extremos recogidos por sus propias normas internas y remiten al comunicado que difundieron inicialmente, en el que se insiste en que se rigen por el derecho privado y que se sondearon otras consultoras antes de encargar el informe a Equipo Económico, así como que ese trabajo se sufragó con cargo a fondos privados del Consejo Superior de Cámaras de Comercio. Sin embargo, las instrucciones internas antes aludidas no hacen distinciones en el proceso de contratación según el origen de los fondos, de hecho apuntan expresamente que se aplicarán "independientemente del origen de su financiación". En el BOE aparecen varios ejemplos en los que el Consejo de Cámaras, reconociéndose poder adjudicador, cumplió con los requisitos propios de la regulación armonizada y publicaron las ofertas superiores a los 207.000 euros. Del contrato al bufete fundado por Montoro ni existe rastro ni en el BOE ni en la web de las Cámaras, donde sí se pueden consultar abiertamente numerosos contratos, y la transparencia respecto al mismo ayudaría a despejar dudas.

Precedentes preocupantes
La confusión entre público y privado tiene preocupantes precedentes como cuando el PP de Valencia intentó eludir sus responsabilidades en los chanchullos montados con la Gürtel en torno a la visita del Papa a Valencia -asunto que está en los tribunales- alegando que la fundación creada a tal efecto y con participación de la Generalitat, de la Diputación de Valencia y del Ayuntamiento no era pública porque el Arzobispado de Valencia tenía una presencia del 25% en la misma. Cuando se liquidó la sociedad, las pérdidas pendientes las volvieron a pagar todos los valencianos con dinero público.