Los rectores paran la reforma del Gobierno para dejar en tres los grados universitarios

La Conferencia de Rectores de las Universidades (CRUE) ha rechazado por amplia mayoría la reforma del Gobierno que flexibiliza la duración de las carreras, que permitiría dejar en tres grados algunas especialidades con dos años añadidos de máster, aprobada el viernes pasado por el Consejo de Ministros. La postura de los rectores deja en mal lugar a la secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio, quien había adelantado que daban su apoyo a la medida.

Piden una moratoria
Los rectores, reunidos este lunes en asamblea extraordinaria, han aprobado, con 57 votos a favor, uno en contra y cinco abstenciones, una moratoria de forma que no implantarán grados de tres años antes de 2017-2018.

Aún no se ha evaluado el sistema de cuatro grados
En rueda de prensa, el presidente de la CRUE, Manuel López, ha explicado que el real decreto de reforma no pone plazos para implantarlo, así que se han planteado esta moratoria. El sistema de universidades español engloba 82 centros, de los que 50 son de titularidad pública y 32 privada. Ha recalcado que los rectores han tenido un diálogo "fluido" con el Ministerio de Educación sobre este asunto, pero siempre han defendido que, a pesar de estar de acuerdo con una flexibilización de la duración de los grados, había que hacerlo con "prudencia y tiempo", pues "no es el momento oportuno de una modificación de esta naturaleza". López ha añadido que hace poco tiempo que se implantó el sistema de grados de cuatro años y no ha sido evaluado suficientemente todavía.

No se trata de una cuestión de ahorro
López ha sido preguntado sobre el ahorro de 150 millones de euros que, según el ministro de Educación, José Ignacio Wert, supondría para las familias pasar del modelo general actual de grados de cuatro años a otro de tres. Un criterio relativo, ya que los alumnos se verían avocados a realizar costosos másteres.  En cualquier caso, el presidente de CRUE ha apuntado que si ese es el dato, el ahorro en gasto público en el sistema universitario español, que es cinco o seis veces superior a esa cantidad, sería de 750 o 900 millones. Pero "los grados de tres o cuatro años no es cuestión de ahorro, sino de calidad académica y de necesidad de formación de los estudiantes, de la empleabilidad, del tiempo que dedican a prácticas externas".  "No compartimos -ha proseguido- que hacer grados de tres o cuatro años esté en función de la situación financiera, sino de lo mejor para los estudiantes".

Un sistema cuestionado en algunos países
Ha precisado que la asamblea de la CRUE pide a las universidades que hasta después de septiembre de 2016 no se produzcan tramitaciones que conlleven la verificación o aprobación de grados de tres años para que no hubiera nuevos grados de esta duración antes del curso de 20017-2018.

Según López, en algunos países europeos se plantean si los grados de tres años son los adecuados, mientras que son de cuatro en otros sistemas internacionales como los americanos.

Críticas de los Representantes de Estudiantes
Por su parte, la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Publica (Creup) ha coincidido con los rectores en la necesidad de una moratoria y han abogado por impulsar un "Foro Estatal de política Universitaria" para "minimizar los efectos perjudiciales" de la nueva regulación". Tras reunirse la Creup en asamblea, su presidente, Luis Cereijo, ha declarado a la prensa que el nuevo decreto se ha aprobado con "imposición, improvisación y exclusión".

Gomendio dio a entender que tenía el apoyo de los rectores
El rechazo de los rectores y la Coordinadora de Estudiantes es un jarro de agua fría para Wert y Gomendio, quien ayer dio a entender que los rectores apoyaban la reforma del Gobierno.  Tras hacerse pública la decisión de los rectores Gomendio ha dicho que llevan dos años hablando con las universidades y que había un acuerdo de que era necesario reformar el actual sistema rígido por otro más flexible. La número dos de Wert ha señalado que tras la petición de los rectores de un plazo más largo para implementar la ley, el Gobierno ha acordado que "este nuevo modelo sea voluntario y que las propias universidades sean las que decidan si lo implementan, cuándo lo implementan y a qué ritmo".