La tonadillera Isabel Pantoja, condenada a dos años de prisión por blanqueo de capitales, se dirige, seguida por dos funcionarias, a la entrada de la cárcel sevillana de Alcalá de Guadaira para cumplir su pena, el pasado 21 de noviembre. EFE/Archivo
La Secretaría de Estado de Instituciones Penitenciarias ha ordenado retirar del fichero oficial las fotos carcelarias de la cantante Isabel Pantoja y la del expresidente de la Diputación de Castellón y del PP en esta provincia, Carlos Fabra, según asegura el diario El País. En la ficha de Fabra, interno en la prisión de Aranjuez (Madrid), figura una imagen del suelo mientras que en la de Pantoja se indica: "Sin Foto. Consultar con SS.CC". Se refiere a los Servicios Centrales de Prisiones en Madrid, dirigidos por Ángel Yuste, el hombre del PP en prisiones. A la cantante se le llegó a hacer la foto, pero fue retirada.
La identificación dactilar y fotográfica es obligatoria
La orden viene de los servicios centrales e infringe la la Ley Orgánica Penitenciaria y la circular 5/2007, que obliga a que todo preso, nada más ingresar en un centro, se le abra una ficha "con su identificación dactilar y fotográfica". La norma penitenciaria sobre los internos señala que, una vez admitido un recluso dentro de un establecimiento penitenciario, debe hacerse lo siguiente: "(...) El procedimiento se inicia verificando la identidad personal, efectuando la reseña alfabética, dactilar y fotográfica, que servirán en el futuro para identificar a la persona en sus salidas al exterior del establecimiento por cualquier causa, incluida la puesta en libertad (...)".
La excusa es que, al retirarlas, se impide que puedan filtrase a un medio de comunicación, como ya sucedió con el extesorero del PP Luis Bárcenas. Las fuentes carcelarias consultadas por El País añaden que, además de la ilegalidad, hay un "trato de favor" hacia ambos.
Favores a la Pantoja, a Fabra... ¿y al PP?
El diario de Prisa revela además cómo Yuste habría impedido que se investigue la denuncia de un funcionario de la cárcel de Estremera que implicaría a cargos del PP. El citado funcionario presentó una grabación en la que él mismo hablaba con Ángel de Cabo, el testaferro del expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán. Al parecer, De Cabo vertía graves imputaciones delictivas contra jueces, políticos del PP y un conocido exbanquero investigado en este momento en la Audiencia Nacional.
El funcionario pretendía que Yuste pusiera la grabación en manos de la Justicia para que lo investigaran. Para él no pudo salir peor: dieron carpetazo al asunto y fue suspendido de empleo y sueldo.
