El presidente de la Generalitat, Artur Mas. Archivo/EFE
La Fiscalía presentará en los próximos días un querella por la consulta soberanista del 9N contra el presidente de Cataluña, Artur Mas, y dos consejeras tras verse avalado hoy para ello el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, por casi toda la Junta de Fiscales de Sala. Tras más de cuatro horas de reunión 22 de los integrantes de la junta, órgano de asesoramiento técnico de la Fiscalía, han apoyado la propuesta frente a dos que discrepaban de la querella que se intentará presentar esta semana contra Artur Mas, la vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega, y la consellera de Educación, Irene Rigau.
Ahora la pelota de nuevo en la fiscalía catalana
El aval no era imprescindible pero sí importante tras el plante de la fiscalía catalana y la cada vez más debilitada figura de Torres-Dulce. El fiscal general del Estado reiterará la orden al fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, para que se presente ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña la querella que elaborará la Secretaría Técnica de la Fiscalía General previsiblemente por supuestos delitos de prevaricación, malversación, usurpación de funciones y desobediencia. El delito de desobediencia se debería a que la Generalitat celebró el pasado 9 de noviembre una consulta soberanista alternativa después de que fuera suspendida por el Tribunal Constitucional al igual que hizo con la inicialmente convocada.
Apoyo "de forma muy mayoritaria"
En un comunicado difundido tras la reunión, la Fiscalía General del Estado explica que la Junta de Fiscales de Sala ha expresado su apoyo "de forma muy mayoritaria" a formular querella "por el llamado proceso de participación ciudadana del pasado 9 de noviembre". En consecuencia, "el Ministerio Fiscal emprenderá las acciones legales oportunas ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña con las precisiones de carácter técnico realizadas durante la reunión celebrada hoy".
Cospedal niega capacidad de presión porque no está en el Gobierno
Además siguen las reacciones políticas en torno a querella en preparación, como la de María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, que la ha avalado. "Si se ha incumplido, la defensora de la legalidad que es la Fiscalía, tiene que defenderla", ha aseverado en declaraciones a 13TV. Como ella no forma parte orgánica del Gobierno ha negado que presiones a la Fiscalía y ha defendido que "mi partido tiene derecho a opinar, igual que CiU". Por su parte, la coalición ecosocialista ICV-EUiA considera que la presentación de esta querella contra el proceso participativo del 9 de noviembre demuestra que Torres-Dulce se ha sometido a las presiones del PP: "Si el Fiscal General del Estado se cree la institución que representa, lo que debería hacer hoy mismo es presentar su dimisión, porque hoy tenemos una Fiscalía que está de rodillas delante del poder político que representa el PP", ha argumentado el portavoz adjunto de ICV-EUiA en la cámara catalana, Joan Mesa. Cree que "se está intentando disfrazar jurídicamente un problema que en realidad es político" y ha pedido la dimisión de Torres-Dulce por "haber cedido al chantaje del PP".
