“Esas plazas ya hacía meses que se habían previsto para regularizar la situación de los integrantes de dos promociones que en contra de toda garantía de inamovilidad y de conciliación de su vida familiar y laboral, aún no tienen plaza”, explica JpD. En su demanda piden se condene al Consejo General del Poder Judicial, órgano de gobierno de los jueces, y al Ministerio de Justicia a la inmediata adopción de medidas de protección de la carga de trabajo soportada por jueces y magistrados.
Demanda sin precedentes
Esta demanda que no tiene precedentes se ha presentado ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, e incluye como partes interesadas a todas las asociaciones judiciales. Denuncian que más de la mitad de los juzgados sobrepasan en un 150% la carga de trabajo que fuera fijada en 2011 por el CGPJ.
La trágica muerte de un juez de lo Social
JpD recuerda también el caso del juez de lo Social de Madrid Ángel Luis del Olmo, que falleció en julio de 2013 en su despacho como consecuencia de un infarto como informó entonces ELPLURAL.COM. En aquel momento sus compañeros denunciaron que “Ángel Luis del Olmo, como la mayoría de los jueces de lo Social de Madrid se encontraba sometido a una intensa situación de estrés consecuencia del incremento de la litigiosidad derivada de la crisis económica”.
Una tremenda tensión
La reforma laboral y los recortes sociales del Partido Popular habían aumentado ya entonces de manera muy negativa al trabajo de los magistrados. “La situación que están viviendo los jueces de lo social es terrible. Sufren un enorme estrés, una tremenda tensión. No hay medios, ni materiales ni personales. Cuando existe una vacante, no se cubre. Se deniegan las prolongaciones de jornada, los permisos, se deniega todo”, denunciaban a ELPLURAL.COM fuentes jurídicas del área laboral cuando sucedió la trágica muerte del magistrado.
Los jueces están muy quemados
Señalaban ya en aquel momento: “Si el juez quiere tener al día el juzgado debe trabajar de diez a doce horas diarios y los fines de semana. Ya no hay sustitutos que antes podían ser un pequeño desahogo. Y hay que sumar que celebran 30 juicios a la semana, porque con la reforma laboral se ha complicado todo, hay más conflictividad, más despidos colectivos. Los jueces están muy quemados”.
Batallando sin resultados prácticos
Ha pasado casi un año y medio desde el triste fallecimiento del juez del Olmo y sus compañeros de JpD han estado batallando todo este tiempo por resolver las carencias laborales que sufren estos profesionales, sin resultados prácticos. De ahí esta actuación “para defender nuestro de derecho a la limitación de la carga de trabajo con el fin de proteger la salud de todos los que integramos la carrera judicial”.
El colectivo judicial con reducción de derechos
Explica la asociación progresista que “este derecho está reconocido en todos los colectivos de empleados públicos y sólo el colectivo judicial está fuera del reconocimiento de un derecho tan básico como la limitación de carga de trabajo por razones de prevención de riesgos y salud laboral”.
¿Protección a la salud?
La asociación recuerda que el 28 de abril de 2011, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial aprobó, mediante Acuerdo, el Reglamento 2/2011 de la Carrera Judicial cuyo Título XIV establece que los jueces y magistrados tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el ejercicio de sus funciones.
Negativa oficial a fijar carga de trabajo
“Desde entonces, Jueces para la Democracia ha venido defendiendo en todas las reuniones de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud la necesidad de fijar una carga máxima de trabajo. La respuesta ha sido la negativa del CGPJ a hacerlo, habiéndose ya dado casos de accidentes de trabajo sin contar con una evaluación de riesgos o un plan de prevención, por motivo de los cuales hemos interpuesto las correspondientes denuncias ante la Inspección de Trabajo”, continúan.
Indignación sobre las 282 “nuevas” plazas
Ante las declaraciones del Gobierno sobre la creación de 282 nuevas plazas de jueces para contribuir a la lucha contra la corrupción, los integrantes de JpD reaccionaron con indignación ya que consideran que “esas plazas ya hacía meses que se habían previsto para regularizar la situación de los integrantes de dos promociones que, en contra de toda garantía de inamovilidad y de conciliación de su vida familiar y laboral, aún no tienen plaza”.
Mentira y propaganda
“Cuando la política del Gobierno para garantizar la independencia judicial y la lucha eficaz contra la corrupción es la mentira y la propaganda, la única repuesta posible es el ejercicio de acciones ante los Tribunales. Aquellos que desde el Gobierno dicen defender el Estado de Derecho y luchar contra la corrupción, están manteniendo a jueces y magistrados en condiciones que nos impiden o dificultan el ejercicio eficaz de nuestra función”, subrayan.
¿Un Gobierno contra la corrupción?
Aquí enumeran: “395 compañeros sin plaza, la falta de creación de nuevos puestos que nos acerquen a la aún lejana media europea de jueces/habitante; la falta de implementación de la Oficina judicial y el absoluto desinterés del CGPJ en la búsqueda de soluciones a estos problemas, no hacen sino evidenciar que la realidad actual dista mucho de ser la de un Gobierno empeñado en la lucha contra la corrupción”
“Tapar las propias vergüenzas”
Por el contrario, “se aproxima más a un Gobierno volcado en tapar sus propias vergüenzas, obstaculizando con todos los medios a su alcance que el Poder Judicial funcione de forma independiente, transparente y eficaz, en garantía de la independencia y celeridad en la aplicación de las leyes y la tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos”.
Condena a prevenir riesgos laborales
Piden que se condene a estos organismos “a la inmediata realización de una evaluación inicial de los riesgos, incluidos los psicosociales, para la seguridad y salud de jueces y magistrados y a la elaboración de un Plan de prevención de riesgos laborales”.
