En un comunicado Bosch afirma: “el Gobierno ha aprobado hoy el proyecto de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana Se trata de una ley innecesaria, que no está justificada por la realidad social, pues la inmensa mayoría de las manifestaciones que se celebran en nuestro país se desarrollan sin incidentes”.
Las Cortes deben tramitarlo
Este viernes, El Consejo de Ministros dio luz verde al proyecto de ley de Seguridad Ciudadana con varias modificaciones respecto al anteproyecto inicial que recibió el visto bueno del ejecutivo en el pasado mes de noviembre. Ahora será remitido a las Cortes para su tramitación parlamentaria.
Castigar la disconformidad
“Sin duda, nos encontramos en un contexto de conflictividad social, propio de una sociedad democrática. Pero el Gobierno lo que debe hacer es convencer a la ciudadanía con argumentos sobre su gestión y no castigar la disconformidad a través de las leyes estatales”, destaca Joaquim Bosch.
Dudas constitucionales
Para el portavoz de los jueces progresistas, “el Gobierno está convirtiendo un conflicto social en un conflicto de orden público”, y añade: “El Gobierno solo ha suavizado algunos aspectos del anteproyecto que eran notoriamente inconstitucionales. Sin embargo, se mantienen preceptos que generan dudas de constitucionalidad en el ámbito de las retenciones, identificaciones y cacheos”.
Multas desorbitadas
Destaca el juez que “especialmente se mantiene todo un listado de sanciones contra diversas formas de ejercicio del derecho de manifestación, del derecho de crítica y de la libertad de expresión, que son castigados con unas cuantías económicas desorbitadas”.
Sanciones que no arropan los jueces
“Con esta regulación el Gobierno intenta buscar vías de sanción que no ha encontrado en el poder judicial, que de forma reiterada ha desestimado las pretensiones del poder político de castigar formas de protesta que están amparadas por la libertad de expresión y otros derechos fundamentales”, prosigue.
Juez y parte cuando reciben críticas
Para Bosch con la nueva ley “el Gobierno pretende convertirse en juez y parte, para actuar sobre los derechos fundamentales en las situaciones en las que recibe críticas por parte de la ciudadanía”.
Instrumento para acallar derechos
Con toda esta regulación no se produce ninguna protección de la seguridad ciudadana, sino que el Gobierno pretende disponer de un instrumento para poder acallar las críticas sociales. En conjunto, la reforma que se impulsa resulta contraria a la pluralidad propia de una democracia constitucional y supone un inquietante ataque a nuestro sistema de derechos fundamentales.
