El esperpéntico suceso protagonizado por la presidenta del PP en Madrid, Esperanza Aguirre, el pasado 3 de abril cuando aparcó su coche en un carril bus de la GranVía para sacar dinero de un cajero y al ser interceptada por la policía se dio a la fuga embistiendo la moto de uno de los agentes, puede complicarse judicialmente. Según informa hoy el diario La Razón, hace unos días un agente de movilidad  que vivió el suceso se personó en la causa como acusación particular, pero además se ha personado también como acusación particular la asociación 'Transparencia y Justicia', según el diario  una asociación desconocida de la que existen pocas referencias.

Delitos y no faltas
Dicha asociación considera que Esperanza Aguirre cometió dos delitos, de desobediencia y resistencia a la autoridad, y no faltas administrativas. Obviamente las penas, en caso de que la lideresa fuera condenada, son muy distintas. Por una falta administrativa le puede caer una multa de unos doscientos euros, por un delito se puede pedir hasta prisión. Según La Razón el magistrado que instruye el caso, Carlos Valle, "no tiene dudas" de que los hechos protagonizados por Aguirre son faltas, y en concreto una falta de desobediencia.

Juicio en julio
El juicio no se celebrará hasta el mes de julio, pero si la Asociación Transparencia y Justicia decide recurrir la decisión del juez de calificar los hechos como falta, tendría que suspenderse hasta que el propio magistrado resolviera el recurso y si hay apelación, por la Audiencia Provincial.
Los últimos hechos conocidos en relación con este caso fueron desvelados por el diario El País con la información que aportan las cámaras de vigilancia de la Gran Vía, que demuestran que desde que Esperanza Aguirre aparca en el carril bus y hasta que se da a la fuga, transcurren apenas cinco minutos, y no los veinte minutos o media hora que contó ella que la "retuvieron". Las cámaras desmienten a Aguirre.

La acusación del agente
Uno de los agentes que intentó multar a Esperanza Aguirre por aparcar en el carril bus, y que le pidieron la documentación que se negó a entregar para darse a la fuga arrollando la moto de uno de los agentes. Posteriormente los agentes se dirigieron al domicilio de la presidenta del PP madrileño donde le pusieron  una denuncia  por una falta contra el orden público, mientras ella intentó presentar un parte amistoso que fue rechazado. Después de todos esto incidentes, uno de los agentes de movilidad se dirigió a la clínica Asepeyo para que le valoraran las lesiones que sufrió cuando Aguirre se dio a la fuga. Aunque el forense que le reconoció no apreció lesiones, el agente valoró denunciar a Esperanza Aguirre por intento de atropello, algo que finalmente descartó para personarse como acusación particular.