Excede del marco institucional
El Interventor General del Estado, en un escrito al que ha tenido acceso Efe, afirma que analizar cómo la Cámara de Cuentas andaluza ejerció sus competencias "excede del marco institucional" de sus funciones, porque "estarían valorando la labor realizada por un órgano de control externo de carácter estatutario como es la Cámara de Cuentas de Andalucía". "Con el mayor y debido respeto a Su Señoría", el Interventor pide a Alaya que "reconsidere" su petición dada la "extralimitación del ámbito competencial que supondría".
Alaya pidió una ampliación del peritaje
La Intervención General del Estado ya elaboró un informe en el que reprochó que sucesivos consejeros andaluces no habían controlado de manera adecuada los fondos investigados, por lo que la juez Alaya le pidió el pasado 20 de febrero una ampliación de su peritaje para determinar qué podría haber hecho la Cámara de Cuentas para "en definitiva, evitar la continuidad del Programa 31L a través de las transferencias de financiación".
Auto notificado hoy
La juez, en un auto notificado hoy a las partes, insiste en su petición porque no la hace a los interventores generales del Estado como tales, pues en tal circunstancia "estarían sujetos a ciertos límites institucionales", sino como peritos al servicio de la administración de justicia. Alaya aprovecha su auto para valorar la "encomiable colaboración" prestada por la Intervención General y para lamentar su "escasez de medios personales y materiales ante la magnitud de esta causa, no ya por su volumen sino por la complejidad, alcance, normativa legal aplicable y un largo etcétera".
Es imposible asignar nuevos inspectores
En su escrito, el Interventor General únicamente acepta la posibilidad de abordar la petición de la Fiscalía Anticorrupción de que sus funcionarios analicen la totalidad de las subvenciones sociolaborales concedidas con cargo a la partida 31L, pero señala que es imposible asignar nuevos inspectores y deja su realización a criterio de los ya designados.
