En el año 2001, gobernando Aznar, se aprobó el llamado "céntimo sanitario" con el que se permitía a las Comunidades Autónomas gravar el precio de la gasolina con el fin de destinarlo al gasto sanitario. El sistema se mantuvo por los gobiernos sucesivos y tuvo el visto bueno de la Comisión Europea, si bien el Gobierno español había sido apercibido en el año 2002 de que podía incumplir la legislación comunitaria sobre impuestos. De hecho el Gobierno de Rajoy el año pasado, temiéndose la sentencia del Tribunal Europeo, modificó el texto que regula el céntimo sanitario para adecuarlo a esa Legislación y que exige que tenga una finalidad concreta. El caso es que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro,  ha salido echando balones fuera, en este caso echando las culpas a la Comisión Europea.

Montoro comparece de urgencia
Justo en el último día del Debate sobre el Estado de la Nación llegó la sentencia del Tribunal Europeo y el Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, tuvo que comparecer en el congreso ante los medios de comunicación. En primer lugar afirmó que el Tribunal de la UE "no está desautorizando al Gobierno español, sino a la Comisión, que en su momento fue la que autorizó al Gobierno y a las Comunidades Autónomas para implantar ese sistema del céntimo sanitario”. Montoro sentenció que el céntimo sanitario "hoy ya no existe y no se está aplicando" porque fue modificado el año pasado.

Desconoce las consecuencias
La denuncia contra el céntimo sanitario fue presentada por 80 empresas de transporte de la provincia de Tarragona y la sentencia exige al Gobierno español que se devuelva lo indebidamente cobrado. Asociaciones de transportistas y consumidores estiman que las administraciones tendrían que devolver unos 13.000 millones de euros, lo que sin duda tendrá un impacto grave en el déficit de las cuentas públicas. Montoro declaró a la prensa que las consecuencias de la sentencia "habrá que evaluarlas", en su opinión se trata a algo parecido a la devolución de las ayudas del sector naval y en todo caso el Ministro de Hacienda manifestó que "la evaluación económica no es posible facilitarla, acabamos de conocer la sentencia, tendremos que ver la amplitud a la que se refiere, y no cabe otra cosa que acatarla porque somos Europa y respondemos a las instituciones europeas".