El Juzgado Central de los Contencioso Administrativo número 4 de Madrid ha dictado la primera sentencia en firme que obliga al Estado a devolver parte de la paga extra de los funcionarios, concretamente la paga de Navidad, suprimida por el Gobierno de Rajoy en 2.012 dentro del paquete de recortes. Con la supresión de la paga extra a los funcionarios el Estado se ahorró 5.000 millones de euros.

Un funcionario de prisiones
Un funcionario de la prisión de Monterroso (Lugo) solicitó en septiembre de 2012 el cobro de la parte proporcional de la paga extra, antes de la entrada en vigor del Decreto por el que el Gobierno la suprimió. La dirección de la cárcel lo rechazó y el funcionario recurrió la decisión ante los tribunales. El juzgado central de los Contencioso Administrativo condena al Estado a que "le sea abonada la parte proporcional de la paga extraordinaria correspondiente al período comprendido desde el 1 de junio hasta el 14 de julio de 2012, así como la parte proporcional del complemento específico y demás cantidades que deberían abonarse junto con la paga extraordinaria".

El juez censura la retroactividad del Decreto
En la sentencia el juez deja claro que el Gobierno no puede aplicar el Real Decreto por el que se suprimió la paga extra con carácter retroactivo, concretamente el auto judicial afirma que "la aplicación retroactiva del Real Decreto contravendría los principios de seguridad jurídica y de confianza legítima". Además señala que "la paga extraordinaria es un concepto retributivo fraccionable". Estas consideraciones han llevado al sindicato CSIF a asegurar que la sentencia puede ser aplicable al conjunto de los funcionarios y, desde luego, a los que dependen del Ministerio de Interior.