El exdirector de Hospital Antonio Burgueño, captura de un vídeo con su conferencia en el hospital La Ribera de Alzira, en Valencia
La Comunidad de Madrid cesa a Antonio Burgueño como director de hospitales. La decisión es relevante. Burgueño ha sido el ideólogo del modelo privatizador de la sanidad madrileña que ha pretendido imponer el PP en esta comunidad. Por otra parte, sigue adelante la querella contra los exaltos cargos de la consejería de Sanidad que pusieron en marcha la privatización. Son dos buenas noticias, pero no hay que olvidar que el presidente autonómico, Ignacio González, impulsor junto a Esperanza Aguirre de este modelo como número dos del Gobierno regional, ha dicho que ha renunciado sólo por esta legislatura a este proyecto.
¿Quién es Antonio Burgueño?
Acérrimo defensor de la gestión privada de la sanidad, son suyas frases como éstas: “El pago directo de 30,40, 50 euros del paciente al médico de cabecera redundaría en un modelo sanitario más entrañable (…) No podemos seguir ni con médicos ni empleados sanitarios funcionarios (…) Los hospitales no pueden seguir siendo propiedad del Estado”.
Sus presuntos intereses en la sanidad privada
Puso en marcha el llamado Plan de Medidas de Garantía de la Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público, en el que se basa el plan del Gobierno madrileño para privatizar los servicios de sus centros médicos, también los servicios sanitarios. Trabajadores de la sanidad le han acusado en las redes sociales de tener intereses ocultos por supuestos nexos con la sanidad privada, donde trabajó antes de ser fichado por el Gobierno madrileño. Su hijo, Antonio Burgueño Jerez, es un alto cargo de Ribera Salud, que ha obtenido la gestión privada de hospitales públicos.
El inicio del experimento, en Valencia
Burgueño fue el promotor del modelo de gestión privada de la sanidad pública, que se inició en la Comunidad Valenciana, y él mismo ha reconocido que este plan fue propiciado por la llegada del PP al Gobierno con Aznar en 1996. Lo ha explicado en una intervención en el hospital La Ribera de Alzira, en Valencia, recogida en el siguiente vídeo.
Las destituciones llevadas a cabo por el nuevo consejero
El nuevo consejero de Sanidad, el diputado regional Francisco Javier Rodríguez (médico, pero un hombre del PP), sucesor en el puesto de Javier Fernández-Lasquetty (licenciado en Derecho y Ciencias Políticas), ha cesado a Brugueño y en su lugar a colocado a Mariano Alcaraz, cuyo último cargo fue el de director médico del Puerta de Hierro, y antes, gerente del Hospital de Cruz Roja, según avanza El País.
También ha sido destituida la viceconsejera, Patricia Flores, que era directora de Atención Primaria antes de su ascenso con Lasquetty. Le sustituye Javier Maldonado, exgerente del Hospital Ramón y Cajal, y que con anterioridad fue director médico en el Hospital de La Paz.
El recién nombrado consejero también ha hecho cambios en la Dirección General de Ordenación e Inspección, donde entra Manuel Molina en lugar de Paloma Martín.
La querella de los médicos contra los privatizadores sigue adelante
Por otra parte, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por cinco de los imputados por el proceso privatizador de la sanidad contra la querella de la Asociación de Facultativos de Madrid (AFEM) por presuntos delitos de prevaricación, cohecho, fraude, malversación de caudales y delitos contra Hacienda.
Lamela y Güemes
La Audiencia Provincial ve verosimilitud en las acusaciones de los médicos, por lo que seguirá adelante con el procedimiento, que afecta a dos exconsejeros de Sanidad, Manuel Lamela y Juan José Güemes, además de a dos altos cargos actuales, y cinco representantes de las empresas que presuntamente se beneficiaron de las decisiones políticas. Tanto Lamela como Güemes han protagonizado sonados escándalos por su vinculación con la sanidad privada.
La Comunidad de Madrid gestionó el recurso
El titular del juzgado número 4, Marcelino Sexmero, investiga desde el verano pasado el proceso de privatización de la gestión hospitalaria, iniciada por el Gobierno de Aguirre en 2003. En el proceso imputó a la cúpula de la sanidad madrileña: los dos exconsejeros, Lamela y Güemes, y dos altos cargos actuales, además de cinco representantes de las empresas que supuestamente se beneficiaron de las decisiones políticas.
Las personas personadas en el recurso de apelación, que presentó la Comunidad de Madrid, contra la querella de los médicos fueron la ya exviceconsejera Patricia Flores y el también cesado Antonio Burgueño. A este recurso se sumaron posteriormente Víctor Madera, directivo de IDC Salud (antes denominada Capio); el exconsejero de Sanidad Manuel Lamela; e Iñigo Muñoz en representación de Capio Sanidad.
