La sentencia que reconoce el acoso laboral sufrido por Ana Garrido, la funcionaria de Boadilla del Monte que destapó la Gürtel, por parte del Ayuntamiento del Partido Popular ha sido tan rotunda que desde Intereconomía exigen la cabeza del alcalde, Antonio González Terol. Durante la emisión del programa radiofónico Al final de la mañana, el histórico Pepe Cañaveras le ha cantado las cuarenta al regidor, "poco dotado intelectualmente, con escasa o nula brillantez para la gestión política" y ha exigido su dimisión a Esperanza Aguirre.

Cañaveras, que también entrevistó ayer a Garrido, ha acusado a Terol de agarrarse al poder "como un clavo ardiendo para seguir cobrando 78.000 euros oficiales". "¿Creen ustedes que no es desproporcionado y abusivo que el regidor de una localidad de apenas 40.000 habitantes cobre 78.000 euros anuales? ¿Dónde ganaría este señor 78.000 euros anuales?".


La actitud tan antidemocrática como cavernícola deja en una situación política sin salida a Antonio González Terol, que ha utilizado todos los medios a su alcance para arremeter contra una trabajadora vejada y humillada por un miembro de su equipo de gobierno y por él mismo, según se deduce de grabaciones efectuadas por la propia trabajadora.

Los ciudadanos, todos, cada día rechazamos más a los Teroles prepotentes, antidemocráticos, altaneros, que abusan de su poder temporal, derrochan dinero público. El señor alcalde aún dispone de dos chóferes oficiales y otras prebendas.

El Partido Popular tiene un serio problema en las elecciones locales y autonómicas del próximo año si no es capaz de depurar estas inaceptables prácticas, alejar de sus listas a estos marmolillos más dispuestos a limpiar y extender la alfombra por la que otros transitan y de poner en valor en cambio a otros de sus muchos alcaldes cuya labor es encomiable por su buena labor de gestión y su intachable trato cívico y ético. Premien a ese Partido Popular y penalicen a personas como Terol, que no debería jamás encabezar la lista de su partido a la Alcaldía de Boadilla.

Lo sucedido y la sentencia del juez  debería inhabilitarle por dignidad a ejercer la política a la que se agarra como un clavo ardiendo para seguir cobrando 78.000 euros oficiales. ¿Creen ustedes que no es desproporcionado y abusivo que el regidor de una localidad de apenas 40.000 habitantes cobre 78.000 euros anuales? ¿Dónde ganaría este señor 78.000 euros anuales?

Por eso, no va a dimitir. El 'yo me dedico a la política para servir al ciudadano y bla, bla, bla', el cansino rollo de los Teroles poco dotados intelectualmente, con escasa o nula brillantez para la gestión política o poco o nulo comportamiento ético.

El acoso laboral, por acción directa o indirecta, es una práctica aborrecible en cualquier persona que la practique, pero aún es mucho más grave en quien representa a todo un Ayuntamiento. Los vecinos de Boadilla deben valorar si no les repugnan actitudes como las de Terol. Basta de acoso, basta de prepotencia.

Este alcalde, que no sólo no ha sido capaz de parar la lamentable actitud del concejal Arias hacia su subordinada Ana Garrido, sino que se ha puesto a la cabeza y que ahora anuncia recurso a la sentencia, debería estar amortizado por los vecinos de Boadilla y por supuesto por el Partido Popular.

Ayer decíamos y decimos hoy: Esperanza, Esperanza Aguirre, presidenta del PP en Madrid, no más Teroles. No más mobbing. Ni es cívico, ni es democrático.