Algunas de las conclusiones de los informes sobre la documentación de la Gürtel que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional acaba de entregar al juez Pablo Ruz resultan especialmente inquietantes: apuntan a una connivencia plena entre el PP y la trama corrupta a la hora de falsear datos, de hecho reflejan que en ocasiones la iniciativa la llevaban en la formación política.
Margen de beneficio de hasta el 70,8%
El 13 de junio de 2004 tuvieron lugar elecciones al Parlamento Europeo, aquellas en las que el PP llegaba muy debilitado después de que Mariano Rajoy perdiera por primera vez ante José Luis Rodríguez Zapatero, una cita en la que Jaime Mayor Oreja salvó los papeles aunque quedó por detrás del socialista Josep Borrell. Una de las empresas de Francisco Correa, Special Events (de la que era director general Álvaro Pérez, 'El Bigotes'), se encargó de montar en la sede del PP de Madrid un set de prensa desde el que hacer el seguimiento de la noche electoral. La empresa admite en sus cuentas unos costes para el montaje del set de 12.412 euros y les remite una factura por valor de 21.211 euros, es decir, con un margen de beneficio del 70,8%.
Baile de manipulaciones
Sin embargo en la documentación de la trama figura que esa primera factura fue echada atrás por orden de Pablo Crespo, el exsecretario de organización del PP gallego que se convirtió en mano derecha de Correa y en una suerte de intermediario entre la trama y su partido de procedencia. A partir de aquí se inicia un baile de manipulaciones y contraórdenes para que la factura quede al gusto de todo el mundo.
Tesorería del PP de Madrid da “instrucciones”
Esto es lo que descubre la Policía y plasma en el informe en poder de Ruz: “una persona vinculada a la gerencia del PP de Madrid (Guillermo Mayoral) imparte instrucciones para modificar nuevamente la factura de Special Events, disminuyendo notablemente su base imponible, y que la diferencia se haga constar en una factura a emitir a nombre de FUNDESCAM”.
Fundescam debía asumir el grueso de la factura…
De nuevo salta así en plena investigación el nombre de Fundescam, la fundación del PP de Madrid a la que donaban contratistas de la Administración pública madrileña y que forma uno de los agujeros negros principales derivados de este caso. En el sumario de la Gürtel ya se investigaban las conexiones entre la fundación y posible financiación irregular en la formación de Esperanza Aguirre, delitos que ya estarían prescritos pero que sí siguen siendo abordados en las diligencias respecto al PP de Valencia y la causa separada sobre la contabilidad B del PP nacional que gestionaba su extesorero Luis Bárcenas.
Según las órdenes del PP de Madrid la factura debía dividirse de la siguiente manera: la que ellos iban a pagar tenía que reducirse hasta los 8.803 euros, mientras que los 14.061 euros restantes se remitirían a Fundescam “por montaje de cursos y seminarios durante el segundo trimestre del año”. Es decir, cuestiones totalmente ajenas a la instalación del set que había originado la factura.
Las cifras se van variando sucesivamente pero siempre moviéndose ya en esos parámetros, con una parte menor asumida por el PP de Madrid y otra, la principal, por Fundescam. Las conclusiones del informe policial son contundentes: “en primera instancia se elabora una factura a nombre del PP por la totalidad del coste previsto, si bien la misma es motivo de sucesivas alteraciones, hasta que finalmente una parte del coste total es asumida en una factura a nombre del PP de Madrid (7.589,41 euros / 38,5% del total)”.
“Conceptos ficticios”
La UDEF subraya la manipulación que se produjo cuando entra en escena el coste derivado a la fundación del PP de Madrid: “[…] el resto, hasta cubrir el coste total, [se carga] en una factura con conceptos ficticios, ya que no se corresponden el concepto y la fecha plasmada en la misma con el acto en sí realmente llevado a cabo, emitida a nombre de Fundescam (12.121,58 euros / 61,5% del total) siguiendo para ello instrucciones de Guillermo Mayoral, de la tesorería regional del PP de Madrid”. Ese Mayoral que daba las instrucciones desde la tesorería del PP de Madrid fue también hasta 2011 concejal del PP en el Ayuntamiento de Alcorcón. Y en la época en la que se ordena el falseamiento y que se derive parte del coste a Fundescam la fundación estaba presidida por Esperanza Aguirre. De hecho dejó el cargo en 2010 después de que saltaran las informaciones sobre posible financiación irregular en la campaña electoral a través de la fundación.
Posible delito penado con hasta tres años de prisión
Fuentes jurídicas consultadas por ELPLURAL.COM apuntan a que los hechos descritos por la Policía podrían constituir un delito de falsedad en documento mercantil, penado con hasta tres años de prisión. Pero este tipo de delito prescribe a los seis años desde la fecha de emisión de la factura y ya han pasado diez. En cualquier caso, la prescripción del delito no resta trascendencia política al hecho de que desde un partido se dieran instrucciones a una empresa colaboradora para que falseara facturas y permitiera los sobrecostes.
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@SergioColado
