800x400 Aznar, Mayor Oreja, Acebes y Rajoy EFE
Ahora es juez del Tribunal Constitucional, pero el 6 de noviembre de 2008, la magistrado Encarnación Roca Trías era juez del Tribunal Supremo, en concreto de la Sala de lo Civil. Ese día la sala dictó una sentencia de la que ella había sido ponente y que tenía que ver con un recurso interpuesto por Mariano Rajoy Brey y los hermanos Mayor Oreja, Jaime, Carlos y José, contra Xavier Arzallus.
Rajoy y los Oreja contra Arzallus
En el año 2002, el político nacionalista en un acto público se quejaba de que se estuviera paralizando la posibilidad de aumentar los efectivos de la policía autonómica en 200 nuevos miembros. E insinuó que podía haber una razón oculta para ello. Sus palabras fueron: "no pienso, no quiero pensar que Rajoy esté anunciando un principio de privatización de la policía, acudir a las compañías privadas, ¿no?, en las que, por cierto, la familia Mayor Oreja tiene amplios intereses". Lo que venía a decir el dirigente del PNV era, claramente, que se buscaba mantener en lo que él consideraba un número insuficiente a la policía autonómica, de forma que la seguridad de los amenazados por ETA tuviera que recaer en las compañías de seguridad que ofrecían servicio de escoltas.., y que en ese negocio los dirigentes del PP tenían intereses. Rajoy entonces era el ministro de Interior, razón por la que el líder peneuvista le incluía en su 'pensamiento'.
La reacción de Jaime Mayor incluyó calificativos contra Arzallus como 'calumniador' y 'cobarde', y ante la negativa del político nacionalista a rectificar, acabó en una demanda 'por intromisión en el honor'. Sus hermanos se sumaron a Jaime, y los tres presentaron la querella a la que, aún más sorprendentemente, se sumó Mariano Rajoy, un hombre que huye de los pleitos, como se ha demostrado en el caso Luis Bárcenas, contra el que se ha negado a actuar legalmente mientras que sí lo hicieron su partido y otros líderes 'populares'.
Juzgado de Primera Instancia, Audiencia Provincial y Supremo coincidieron: los Oreja habían participado en el negocio de la seguridad
Los hermanos Oreja y, con ellos, Mariano Rajoy, fueron perdiendo demanda y recursos. Primero fue el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Vitoria, que de acuerdo a la documentación aportada durante la causa, dio como probada la participación de Jaime Mayor Oreja en Eulen, una empresa que gestiona compañías de seguridad, y la de sus hermanos en empresas como Seguritec, Prosegur y Protección y Custodia. Después ante la Audiencia Provincial de Vitoria, que vino a confirmar lo que había dictaminado el juzgado de Primera Instancia.
Y al final ante el Supremo, que, conforme a lo que proponía la ponente, la juez ahora del Constitucional, Encarnación Roca Trías, que "de acuerdo con la documentación aportada relativa a las certificaciones del BORME (Boletín Oficial del Registro Mercantil), desde 1992 hasta el momento en que se efectúan las declaraciones por parte del D. Xavier Arzallus Antia diferentes miembros de la familia Mayor Oreja habían ostentado y ostentaban cargos diversos en empresas privadas de seguridad".
Un negocio que 'mancha' a los dirigentes populares
En realidad, la insinuación de Arzallus, los intereses de los Mayor Oreja en los negocios de la seguridad privada, que todos los tribunales fueron dando por hecho probado, es algo de lo que siempre se ha acusado a políticos del PP. Tanto desde las filas de la oposición de izquierda, como desde el público. De hecho, tan pronto se conoció que se iba a permitir que los vigilantes privados pudieran hacer funciones hasta ahora reservadas a la policía, en las redes sociales se está apuntando en esta dirección profusamente.
Lo cierto es que el propio ministro, Jorge Fernández ha reconocido que la ley va a servir para 'revivir' el campo de negocio de las empresas de seguridad privada, que se había convertido en 'víctima colateral' del fin de los atentados de ETA. El argumento que utilizan en Interior, uno muy recurrente: en España el número de vigilantes por habitante es menor que en otros países como Alemania, Francia o el Reino Unido. Una forma de consagrar el hecho de que el Estado se dispone a renunciar a tener más policías o guardia civiles -sólo se están reponiendo el 10% de las plazas que quedan vacantes en estos cuerpos de funcionarios-, para 'privatizar' la responsabilidad de la seguridad.
Un negocio que mueve en estos momentos por encima de los 3.500 millones de euros al año y que se va a ver muy reforzado porque ante estas empresas se abre la oportunidad de cubrir tareas que hasta ahora llevaban en exclusiva las Fuerzas de Seguridad públicas, y que, como les venimos contando en ELPLURAL.COM en los últimos meses, van a incluir la supervisión de la convivencia en zonas abiertas y otras como las zonas exteriores de los recintos públicos.
