Piden nulidad del sumario por ocultar pruebas a los abogados
Esta semana se iniciaba con la petición del abogado José María Mohedano, representante legal de dos ex directores generales de Presupuestos de la Junta de Andalucía, Buenaventura Aguilera y Antonio Vicente Lozano, de la nulidad tanto de las declaraciones prestadas por ambos en sede judicial como de las fianzas de responsabilidad civil, de uno y 46,6 millones de euros, respectivamente, que les impuso la juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, al entender que la magistrada les habría 'ocultado' información que les beneficiaba. Un caso que en el ámbito legal sevillano se considera que podría ser muy grave y que traer importantes consecuencias.
Grabar los interrogatorios
Posteriormente y por otro lado también se planteó la petición de que los interrogatorios de la juez Alaya, en esta instrucción en concreto, sean grabados. Pretenden de esa manera agilizar la instrucción que consideran que va con mucho retraso, así como utilizarlo como un medio para disfrutar de todas las garantías legales de defensa ya que entienden como muy "peculiar" y generadora de tensión la forma en que Alaya cuestiona a los imputados así como el tratamiento a determinados abogados.
Preguntas "capciosas" propias de la "Inquisición"
ELPLURAL.COM se hizo eco e informó de como abogados personados en la causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares han elevado este jueves su queja por las preguntas “capciosas” y el interrogatorio “inquisitorial” y “preconstitucional” de la juez Mercedes Alaya al ex interventor general de la Junta Manuel Gómez.
Contubernio maquiavélico
Hoy se conoce que el abogado de la exministra de Fomento Magdalena Álvarez ha recurrido el segundo auto de imputación dictado por la juez que investiga los ERE falsos, al considerar que se basa en "sospechas y especulaciones" para imputarle un "masivo contubernio" y una "maquiavélica actuación".
Falta de concreción de los autos
En un recurso notificado hoy a las partes personadas, el abogado Horacio Oliva dice que las acusaciones de la juez Mercedes Alaya "no resisten un mínimo escrutinio", "carecen de la exigible argumentación jurídica" y se caracterizan por su "falta de concreción". El nuevo auto de imputación, sostiene la defensa, "no pasa de incorporar un relato genérico y deslavazado, basado en especulaciones, tergiversaciones y errores manifiestos".
Confabulación masiva del gobierno de la Junta
El auto "no reúne las exigencias que nítidamente ha definido la Audiencia" y "parece basarse en una confabulación masiva del Gobierno de la Junta dirigida a diseñar un sofisticado sistema de financiación de la Consejería de Empleo" en el que Álvarez "pasa a adquirir un rol central en esa pretendida trama". Este papel promotor "está basado únicamente en sospechas y especulaciones derivadas de una arbitraria atribución de competencias institucionales, conocimientos e intenciones" a Magdalena Álvarez, según su defensa.
