Baltasar Garzón ha denunciado ante el Comité de Desapariciones Forzadas de la  ONU la falta de interés del Estado español por los desaparecidos del franquismo abogando por la creación de una Comisión de la Verdad. “Lo que me parece terrible es la indiferencia del Gobierno de España y por la suerte de las víctimas de Franco y el sufrimiento de los familiares que dejaron atrás”, explicó ayer en una rueda de prensa celebrada en Ginebra. Hoy una delegación oficial española dará explicaciones ante el Comité sobre la actuación gubernamental.

Perplejidad por la falta de interés del Gobierno
El jurista acudió a Ginebra para presentar un informe sobre las desapariciones forzadas en España elaborado por la Fundación Internacional Baltasar Garzón, FIBGAR, que preside. Más tarde, ante los periodistas internacionales, explicó su perplejidad y preocupación ante la falta de interés del Gobierno de España por colaborar en la localización de los desaparecidos forzosos.


No existe impulso oficial para encontrarlos
Garzón indicó que, de acuerdo con las cifras que se le presentaron cuando era titular del juzgado número 5 de la Audiencia Nacional en 2009, el número de desaparecidos en España alcanzaba una cifra que podía oscilar entre los 136.000 y 152.000 entre los años 1936 y 1951. Pero, añadió: "no existe, después de 75 años, ningún documento, ningún estudio, ningún impulso oficial" que permita localizar a estas víctimas y dar consuelo a sus familias.


“Impunidad consagrada por el Tribunal Supremo”
"España debe ser el único Estado en Europa y de los pocos democráticos que no ha hecho absolutamente nada por los desaparecidos",  resaltó. Aquí mencionó la sentencia del juicio que sufrió por haberse declarado competente para investigar los crímenes del franquismo, con una sentencia de absolución en la que el Tribunal Supremo, apostillaba la imposibilidad de abordar penalmente estos delitos. A ello se refirió Garzón como  “la impunidad evidente consagrada por el Tribunal Supremo, que prohibió la investigación de esos crímenes”.


“Estos asesinatos son un tema tabú”
“Después de 75 años, es hora de que los españoles se pongan de acuerdo para decir que ocurrió algo terrible", añadió, explicando a la prensa internacional  que “estos asesinatos son casi un tabú en España donde la derecha y la izquierda han preferido olvidar esa época”. Garzón recalcó: "Lo que me parece terrible es la indiferencia de los gobiernos de España y de toda la clase política por la suerte de las víctimas de Franco y el sufrimiento de los familiares que dejaron atrás".


Establecer una Comisión de la Verdad
FIBGAR ha presentado ante el comité de desapariciones forzadas de la ONU que celebra estos días su quinta reunión, un informe proponiendo una serie de recomendaciones, entre las que se encuentran: el establecimiento de una Comisión de la Verdad sobre los crímenes cometidos durante la dictadura franquista, la elaboración de un censo de víctimas de la represión franquista y un registro nacional de las mismas, según manifestaron fuentes de la fundación a ELPLURAL.COM.


Modificar la Constitución y múltiples leyes
Además se señala la necesidad de aprobar una ley de implementación de la Convención en la que se garantice la máxima protección de las personas contra la desaparición forzada y que adopte todas las obligaciones en su virtud contraídas. Esto implicaría, como mínimo, la modificación de la Constitución, e Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el Estatuto de la Víctima, la ley Orgánica del Poder Judicial, Ley de Amnistía, la legislación sobre extradición, la Ley de Extranjería y Ley Orgánica General Penitenciaria.


 

Pincha aquí para consultar el informe de FIBGAR


 

Rights International también informará
Forma además parte de la documentación de esta reunión del Comité el informe elaborado por la Rights International Spain and Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos que aporta también sus anotaciones al informe del Gobierno de España de 26 de diciembre de 2012.


España hoy a examen
España se presenta hoy a examen ante el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU. La delegación hispana está presidida por la embajadora ante la ONU Ana Menéndez Pérez, y se compone entre otros miembros de varios abogados del estado y representantes de guardia civil y policía relacionados con desapariciones.  El  objetivo es determinar si nuestro país cumple o no con sus obligaciones internacionales en relación con la Convención Internacional para proteger a las personas contra estas desapariciones forzadas.


Vigilar la actuación de 40 países
Previamente a esta sesión, dos representantes del grupo de trabajo perteneciente al comité se entrevistaron en octubre con asociaciones de víctimas, víctimas, juristas, grupos de memoria histórica e instituciones para recabar datos. La obligación del comité es  vigilar la gestión de los gobiernos en cuanto a lo que les obliga el convenio de 2010 sobre desapariciones forzadas que España, junto con otros 39 países, ha ratificado.


El Gobierno respondía a partir de 2010
Pero, como ya publicó ELPLURAL.COM el Gobierno del PP remitió al Comité un informe en el que con carácter general, se negó a suministrar ninguna información sobre las desapariciones forzadas que no hubieran comenzado tras el 23 de diciembre de 2010; apoyándose para ello en una interpretación restrictiva del art. 35 de la Convención, por lo que se espera que la delegación española se mantenga en esta tesis.


Garzón: “Son delitos permanentes”
A este respecto, Garzón comentó en la rueda de prensa  que posición española es "absolutamente pragmática y para salir del paso. No se creen lo que dicen, porque en el mismo informe en el que contestan al Comité se reconoce que los delitos de detención ilegal, sin dar razón del paradero de la víctima, y los secuestros son delitos permanentes, lo que contradice la doctrina fijada por el Tribunal Supremo".


Amnistía Internacional denuncia a España
Entre las entidades que hablarán hoy ante el comité, se cuenta una delegación de Amnistía Internacional que ha anunciado su intención de denunciar “la negativa de las autoridades a investigar miles de homicidios y desapariciones forzosas”, según recogió  RTVE. El informe de Amnistía Internacional indica que España "tiene la obligación de derecho internacional de investigar la desapariciones forzadas, cualquiera que sea la fecha en que fue cometida".


Deben tomarse medidas inmediatas
El organismo internacional de Derechos Humanos  añade que el Gobierno español debe tomar medidas inmediatas para cumplir con todas sus obligaciones. Reclaman además que las desapariciones forzadas se reconozcan como delito específico en la legislación española".