Un colegio concertado se niega a respetar la identidad de una alumna transexual a la que trata como discapacitada

La Junta de Andalucía le advierte que no tolerará la discriminación en un centro financiado con dinero público y remite el caso a la Fiscalía

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Sáb, 26 Oct 2013

Un colegio religioso y concertado de Málaga se ha enfrentado al Gobierno andaluz y a la Fiscalía contra la Violencia de Género porque se niega a aceptar las normas de la Junta  en materia de no discriminación de alumnos por la identidad sexual. El centro está siendo investigado por la fiscal andaluza de violencia contra la mujer y discriminación sexual de género porque se opone a que, como piden los padres de la niña, la menor sea tratada como una alumna más.

Impiden que vista uniforme femenino
En un principio, el colegio se negó a respetar la identidad de género de la alumna transexual de seis años. Los padres estaban de acuerdo en que la menor asistiera a las aulas con el uniforme femenino y el centro no lo aceptó. Una fundación diocesana es la propietaria del colegio San Patricio, que, como concertado, recibe financiación pública.

La postura de la Junta
La presidenta de la Junta, Susana Díaz, fue contundente la semana pasada en el Parlamento andaluz al afirmar que los centros concertados y, por ende, financiados con dinero público, tendrán que cumplir las leyes al respecto y que no toleraría la discriminación sexual así como que no se financiaría colegios que separen a los niños de las niñas en aulas.

Aceptan que vaya con chándal unisex
La niña  anhelaba ir a su centro con el uniforme femenino, pero para la moral religiosa era mucho tragar. Como solución intermedia, a la espera de que se cumpla la ley, la niña asiste con chándal. Un uniforme común y que al mismo tiempo, al llevarlo también sus hermanos, hace que la niña no se dé cuenta del conflicto generado.

Investigado por Fiscalía
Se da la circunstancia de que inicialmente fueron tres los colegios andaluces que se rebelaron al tener matriculados a niños transexuales. Finalmente y ante la actitud firme de la Junta de Andalucía, dos de ellos acataron la norma para respetar la identidad sexual de sus alumnos, pero el colegio San Patricio está intentando ser la excepción. La actitud de la dirección del centro ha provocado que  esté actualmente siendo investigado por la Fiscalía andaluza de Violencia contra la Mujer y Discriminación Sexual de Género, al negarse a acceder a la petición de los padres de la niña.

El Obispado trata a la niña como una discapacitada
El secretario técnico de la Fundación Diocesana, Francisco José González, ha dicho que el centro persigue "el bien del menor, de éste y de cualquier otro sin discriminación de ningún tipo" y que respeta su “condición”, porque en este mundo hay “gente de todo tipo” y de todo tipo de “orientación”, y que “eso para nada lo juzgamos". Justifica la buena acción del centro en el hecho de que desde se conoció la orientación de la niña “el menor está utilizando el servicio de discapacitados”. De hecho, la niña no puede utilizar el servicio de chicas sino el de discapacitados.

Fiscalía obligará a cumplir las pautas de la Junta
La Junta de Andalucía tiene un conjunto de pautas dirigidas a respetar la identidad de género de los alumnos transexuales. La consejería de Educación está siendo firme en este aspecto y asegura que el centro debe asegurar que no se perjudica la salud psíquica de la menor. En el caso de que el colegio siga poniendo obstáculos a su cumplimiento, será denunciado por la Fiscalía al hallarse ante un posible delito de discriminación por razón de género.

Rebelión de un grupo de padres
La polémica ha sobrepasado los marcos de las instituciones y de los propietarios del colegio y ya ha llegado a un grupo de padres.
Según informó este sábado El País,  cien padres del colegio San Basilio han pedido a la Consejería de Educación que dé marcha atrás en las pautas que ha fijado. Los padres firmantes le reprochan a la Junta de Andalucía que haya actuado sin consultar a las demás familias del centro sin pensar, según dicen,  “en los posibles efectos” que esta decisión “puede provocar en el normal desarrollo social y psicológico del resto de los alumnos”. El escrito remitido a la Delegación de Educación de Málaga está firmado por “al menos 100 familias” de las más de 800 que tienen hijos en el colegio, según la fundación diocesana que gestiona el centro, dependiente del Obispado malagueño.

La Consejería de Educación asegura que no va a retirar las directrices enviadas al colegio y ha informado a la Fiscalía Superior de Andalucía de que el centro se niega a acatarlas.



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