Una decena de afectados por las participaciones preferentes de la plataforma del Baixo Miño ha presentado alegaciones en la Subdelegación del Gobierno de Pontevedra contra la última tanda de multas recibidas por sus protestas, en total 7.600 euros entre doce personas. Según ha explicado a Efe uno de los portavoces, las multas en cuestión remiten en su mayoría al 30 de mayo, cuando los preferentistas no pudieron acceder al pleno que se celebraba en el Ayuntamiento de Tui y optaron por protestar en el exterior.
Una mujer frena a un coche oficial a pesar del fuerte despliegue
Los afectados denuncian que estas multas buscan desmotivarlos para que dejen de protestar. Un digital local, Vigoalminuto, ha personalizado algunos de los casos. Por ejemplo se multó con 600 euros a una mujer que el 21 de marzo grababa en móvil durante una concentración frente a la Corporación de Mos. La subdelegación de Gobierno alegó "desórdenes graves en la vía pública" por impedir la salida de un coche oficial, cuando había hasta 12 vehículos de la Guardia Civil y varios más de la Policía Local.
Por llevar mal el cinturón, por tocar la bocina...
Algunos casos de las multas que han ido llegando en los mese sucesivos son especialmente llamativos, ya que se dirigen contra "personas de avanzada edad, con problemas psicológicos, enfermedades, minusvalías e incluso por actos cometidos en lugares donde no estaban". Las causas son de lo más variopintas: circular llevando colocado "incorrectamente" el cinturón de seguridad, "tocar la bocina sin necesidad de ello"...
Una mujer de 82 años coaccionó a agentes de Policía
A una mujer de 82 años de edad que tiene que emplear un andador o dos bastones para caminar, ha sido multada por coacciones por "increpar a agentes y proferir frases ofensivas a la autoridad". A otra señora de 74 años, Encarnación, que ha perdido 150.000 € en preferentes, la han multado con 100 euros acusándola de "utilizar objetos contundentes que ponen en peligro la integridad de las personas". Encarnación se manifiesta habitual con un tapacubos y un objeto metálico para golpearlo.
El subdelegado insiste en que no son represalias
La Subdelegación del Gobierno alega que las sanciones no son por manifestarse sino por "actitudes contrarias al derecho de reunión, como provocar altercados e incitar al desorden público poniendo en riesgo la seguridad de los que se manifiestan legítimamente", y apelan a que son medidas que se toman a partir de las denuncias de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
