El cerco judicial a Cospedal se estrecha: Ruz mueve ficha e imputa al gerente manchego por la supuesta mordida de 200.000 euros

Los abogados de las acusaciones populares presentes en el interrogatorio que el juez Pablo Ruz le hizo a la secretaria general del PP, María Dolores Cospedal, el pasado 14 de agosto sobre los llamados “Papeles de Bárcenas”, coinciden en señalar a Ruz “como abogado defensor de Cospedal”, más que como juez instructor, como lo prueba que hasta en una veintena de ocasiones considerara “impertinentes” las preguntas de los letrados sobre la supuesta mordida de 200.000 euros cobrados por el PP de Castilla-La Mancha, bajo la presidencia de Cospedal, a cambio de conceder a Sacyr el servicio de recogida de basuras de Toledo por un valor absoluto que sobrepasa los 86 millones de euros (con prórroga de siete años incluida).  Ruz irritó a los letrados, que le reprochaban su exceso de celo por impedir que le preguntaran a Cospedal por el paradero de ese dinero, que José Ángel Cañas, gerente nombrado por la secretaria general, y su hombre de confianza para las finanzas en tierras castellano-manchegas, que ahora Ruz  imputa y quiere someterle a una prueba caligráfica, ha  reconocido ya haber recibido esa cantidad a través de un pagaré firmado de su puño y letra, que Luis Bárcenas dio a conocer el pasado mes de julio, y que, incluso, Cospedal otorgó visos de autenticidad al considerar que se trataba de una aportación del partido para la compaña electoral manchega. Cantidad que ya quisieran para sí extremeños, castellano y leoneses o murcianos.

Cinco días para justificar lo injustificable
Pero ahora Ruz parece habérselo tomado más en serio: El titular del Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional ha hecho suya la petición de la Fiscalía para que el PP de Castilla-La Mancha aporte facturas, asientos contables, movimientos bancarios y cualquier otra cosa que justifique la recepción de esos 200.000 euros que la caja de Génova niega haber enviado y que en las cuentas de los “populares” manchegos tampoco tienen constancia de su recepción. O lo que es lo mismo, los 200.000 euros han desaparecido, no están en ningún papel, en ningún cajón, ni en ninguna cuenta corriente de ninguna sede bancaria madrileña o toledana. Así, al menos, lo recogen también el Tribunal de Cuentas y el Síndico de Cuentas castellano-manchego, encargados de fiscalizar las cuentas de las campañas electorales y que han reconocido no saber dónde está el dinero de la supuesta mordida. Así que José Ángel Cañas lo tiene muy difícil, por no decir imposible,  y puede que el 6 de noviembre, día en que ha sido llamado a declarar como imputado, salga de la AN con medidas cautelares, que pueden pasar por una fianza, o retirada de pasaporte, “u otras medidas de restricción de movimientos y personación periódicas en juzgados”, concretan a ELPLURAL.COM uno de los abogados de la acusación popular.

Sacyr y los amigos de Cospedal
Como el juez Ruz impidió que los abogados ahondaran en la “herida” de la supuesta mordida de 200.000 euros no pudimos saber más sobre la supuesta amistad que unía a  María Dolores Cospedal con los responsables de Sacyr en ese momento (2007), Luis del Rivero y Manuel Manrique, que también tendrán que pasar el 6 de noviembre por el “confesionario” del juez instructor, que les ha citado para ser interrogados, aunque Rivero ya es experto en estas lides al estar imputado en el caso Gürtel. Amigos, conocidos de Cospedal, que como en el caso de Manuel Manrique no suele (o solía) perderse una conferencia o invitación de la secretaria general.

¿Por qué sigue Ruz con el caso de los 200.000 euros?
Los mismos abogados consultados por ELPLURAL.COM dicen no entender por qué Pablo Ruz continúa con las pesquisas de los 200.000 euros, sabiendo como sabe que más pronto que tarde (depende de su ánimo instructor) tendrá que enviar el caso como pieza separada al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM), presidido por el sobrino del ultraconservador cardenal Rouco Varela,  al estar aforado, además de la presidenta de Comunidad, uno de los principales implicados en el tema, como es el presidente de las Cortes manchegas y secretario regional del PP, Vicente Tirado, a quien Luis Bárcenas señala como uno de los “negociadores” de esta supuesta mordida, destinada a financiar la campaña electoral de Cospedal en 2007.

Ayuntamiento de Toledo, nido de testigos
Pero una vez que Ruz ha decidido continuar con el caso, pidiendo también al Ayuntamiento de Toledo el expediente de adjudicación de la explotación del servicio público de basuras, otorgado a Sacyr, debería abrir más el abanico de las comparecencias y llamar a declarar al alcalde del PP cuando se hizo la millonaria concesión, José Manuel Molina, así como al vicealcalde que presidió la mesa de contratación municipal, Lamberto García-Pineda, que curiosamente fue el encargado de dar el visto bueno a Sacyr, cuando en ese momento, además, era el tesorero de la Ejecutiva regional del PP presidida por Cospedal. Y puestos a llamar sería conveniente que Pablo Ruz exigiera la comparecencia de la empresa externa que por “arte de magia” decidió que Sacyr era la idónea para hacerse con la concesión del servicio de recogida de basuras, cuando siempre eran los técnicos municipales los encargados de baremar.

Personación del Ayuntamiento
Son tantos los indicios que apuntan al Ayuntamiento de Toledo cuando era gobernado por el PP en 2007,año de la concesión a Sacyr, que el actual equipo de Gobierno no debería dudar en personarse como acusación popular y exigir en sede judicial, si procede, la devolución de los 200.000 euros a las arcas locales. “Lo que está claro es que el Consistorio toledano no puede mirar para otro lado y debemos echar toda la carne en el asador para esclarecer el caso”, reconocen a este periódico dirigentes del PSOE municipal.