Cuatro magistrados conservadores y cercanos al Partido Popular forman parte de la sala segunda del Tribunal Constitucional que rechazó ayer la petición del juez Baltasar Garzón de que se declarase nula la inadmisión del recurso de amparo contra su condena de inhabilitación. Garzón pedía la nulidad debido a la militancia en el PP del presidente del tribunal Francisco Pérez de los Cobos quien había formado parte de la sala que rechazó su inicial petición. La sentencia cuya nulidad pedía Garzón era la dictada por las escuchas del caso Gürtel, que afecta al Partido Popular.
Enrique López, Francisco Hernando, Juan José González Rivas y Pedro González Trevijano son cuatro de los seis jueces de la sala segunda del Tribunal Constitucional (la sala se completa con Adela Asúa promovida en su día por el PNV y Fernando Valdés cuyo nombramiento fue propuesto por el PSOE) que rechazaron ayer la petición del juez Baltasar Garzón para que se declarase nula la resolución por la que, el pasado 29 de octubre, se inadmitió el recurso de amparo que presentó contra la sentencia de inhabilitación impuesta por el Tribunal Supremo.
“Clamorosa ausencia de imparcialidad de Pérez de los Cobos”
En su escrito ahora denegado, sus abogados explicaban: “Además, en el caso de Baltasar Garzón, la apariencia de ausencia de la obligada imparcialidad subjetiva de Pérez de los Cobos, en cuanto militante del PP, es clamorosa, ya que en su recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional se cuestionaba la condena de Baltasar Garzón por unas escuchas acordadas por él en una investigación criminal dirigida contra dirigentes y miembros del PP”.
Enrique López, el cuñado Gürtel
Quienes han rechazado estos argumentos son en su mayoría también magistrados próximos al PP. Enrique López no parece negar esta simpatía, son conocidos sus artículos en La Razón y sus colaboraciones en tertulias como las de Intereconomía. Ha participado en numerosos seminarios de la Fundación FAES que preside el expresidente del Gobierno popular José María Aznar. Pero sobre todo destaca en este caso que es cuñado Miguel Manovel García, número dos del holding que dirige José Luis Ulibarri, uno de los principales imputados en el caso Gürtel y a quien Garzón, afectado en todo este asunto, señaló como ejemplo del o "modus operandi" de la presunta trama corrupta.
Ni Estatut ni matrimonio homosexual
Enrique López se ha mostrado en contra de la ley integral sobre la violencia de género, a la reforma del Estatut catalán o al matrimonio homosexual. De hecho, junto a su compañero el magistrado Francisco Hernando aprobaron con sus votos un informe que encontró 19 motivos de inconstitucionalidad en el proyecto de Estatut y otro contra las bodas entre personas del mismo sexo.
Hernando y la 'Brunete judicial'
Francisco Hernando ha sido presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo entre 2001 y 2008. Se señala de él que se ha alineado de forma habitual con las tesis del PP, tanto en el Gobierno como en la oposición. Tuvo notables desavenencias con el tema de los nacionalismos vasco y catalán. Pasqual Maragall comentó que era como la Brunete judicial en comparación con la Brunete mediática.
Expedientar a Garzón por la guerra de Irak
Arzalluz por su parte comentó que era un chollo para el Gobierno y que no había visto nada igual desde los tiempos de Franco. No es la primera vez que se opone a Garzón. En 2003, al frente del CGPJ, promovió expedientar al juez ahora inhabilitado por criticar la guerra de Irak.
González Trevijano, subdirector con Aznar
Por su parte, Pedro González Trevijano fue subdirector del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales con el Gobierno de Aznar y ha sido rector durante 11 años de la Universidad Rey Juan Carlos I de Madrid, una pública muy orientada a la derecha y que tiene entre sus profesores a Francisco Marhuenda o Edurne Uriarte. Su nombramiento le pilló sin experiencia en la carrera judicial y encuadrado claramente en el sector conservador. Colabora con columnas de opinión en el diario ABC y en el derechista diario de Intereconomía, La Gaceta.
Juan José González Rivas, propuesto por el PP
El cuarto magistrado que ha rechazado la petición de Garzón de recusar a Pérez de los Cobos por su militancia popular, es Juan José González Rivas. Pertenece a la Asociación Profesional de la Magistratura, de línea conservadora. También fue propuesto por el PP para el cargo que ejerce en el Constitucional. Anteriormente fue magistrado de la Sala Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.
El matrimonio y las uniones de hecho no son equivalentes
González Rivas se opuso a la asignatura de Educación para la Ciudadanía, creada por el Gobierno de Zapatero. Entre las sentencias de que fue ponente se cuenta una en que se denegó a una magistrada de Cantabria una licencia de 15 días tras inscribirse en el registro de parejas de hecho. El matrimonio y este tipo de uniones no son equivalentes, según expresó la sentencia.
“Resulta inviable” dar la nulidad
Esta sala del Constitucional se negó a la petición de nulidad de la resolución contraria a su recurso por parte de Baltasar Garzón con el argumento de que “resulta inviable” porque la ley no prevé la revisión o nulidad de las resoluciones del Constitucional una vez que son firmes. “Ni siquiera el TC puede dejarlas sin efecto”, añade.
Se remiten al auto contra la recusación de la Generalitat
Sobre la declarada militancia en el PP del presidente del Tribunal y miembro de la sala que rechazó el recurso de Garzón contra su sentencia por las escuchas Gürtel, el Constitucional refiere el auto del pasado día 17, por el que inadmitió a trámite la recusación de Pérez de los Cobos por parte de la Generalitat de Cataluña.
“Los magistrados del Constitucional pueden afiliarse”
“La Constitución no prohíbe a los magistrados constitucionales la afiliación a partidos políticos o sindicatos, sino que tan solo establece que la condición de miembro del Tribunal Constitucional es incompatible con el desempeño de funciones directivas en un partido o en un sindicato…”, afirman los magistrados.
El presidente sí pero un juez de pueblo, no
En su recurso, la representación legal de Baltasar Garzón hablaba de que a los miembros del Constitucional debía aplicárseles sobre todo “la misma prohibición de pertenecer a partidos políticos que prevé categóricamente el art. 395 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para cualquier Juez o Magistrado, careciendo de sentido que el más humilde Juez de pueblo no pueda ser militante de un partido y que sí lo pueda ser el Presidente del Tribunal Constitucional".
Demanda ante Tribunal Europeo de Derechos Humanos
Ahora a Baltasar Garzón le queda un único recurso: demandar a España ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que no ha tenido reparos en censurar abiertamente las sentencias de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en otras ocasiones
"Delito a la medida"
Baltasar Garzón ha sostenido siempre que la sentencia del Tribunal Supremo se ha producido "por ir en contra de los criterios particulares de los magistrados que le han condenado, y que, en definitiva, el TS ha construido “a la medida” el delito de prevaricación por el que se le ha condenado, y que supone la puerta abierta a cualquier juicio y condena por prevaricación por cualquier discrepancia jurídica seria de cualquier Juez con el TS, acabando así con la independencia judicial”.
