Aunque el caso Bárcenas y los intentos del PP para que el asunto no vuelva a debatirse están marcando la actividad del Congreso, más allá de Mariano Rajoy existe otro parlamentario al que la Gürtel le está amargando estos días, y se trata nada menos que del portavoz parlamentario popular, Alfonso Alonso. Como informó ELPLURAL.COM, el PSE de Vitoria esté denunciando que cuando Alonso era alcalde de la ciudad adjudicó la planta de residuos de la construcción de Gardelegui a SUFI, implicada en los casos Gürtel y Bárcenas -sus dirigentes Rafael Naranjo y su hijo Gonzalo están imputados en la causa-. SUFI es por cierto la empresa que, según Luis Bárcenas, habría pagado una comisión de 200.000 euros al PP de Castilla-La Mancha a cambio de una contrata municipal en Toledo.
Pagos antes de conocerse la adjudicación
Ahora, los socialistas vitorianos han alertado de que SUFI pagó 330.000 euros a NIGE -una de las empresas de la trama de Correa- por la consecución del contrato de los residuos hasta dos días antes de hacerse pública la adjudicación. Los hechos se remontan a 2005 y entonces Alonso era el alcalde. Según ha revelado el PSE, el abono se realizó el 11 de abril de 2005, dos días antes de hacerse pública la propuesta de adjudicación de la planta de residuos. "¿Se podría decir que sabía que iba a ser la adjudicataria, o que alguien del Gobierno de Alfonso Alonso le informó?", ha preguntado la concejala socialista Maite Berrocal.
Solo tres populares conocían el expediente, entre ellos Alonso
"Es evidente que había tres ediles que tenían acceso especial a ese expediente: el concejal de Medio Ambiente, usted concejal de Hacienda [dirigiéndose al actual regidor Maroto] y el exalcalde Alfonso Alonso. Y no es extraño que exista la duda de si alguien informó a SUFI antes de hacerse pública la adjudicación", ha aputnado la edil del PSE durante el pleno municipal.
Una Mesa de Contratación monopolizada por el PP
Se da la circunstancia de que ambos contratos se adjudicaron después que Alonso y Maroto expulsaran a la oposición municipal de la Mesa de Contratación, órgano que
estudia las ofertas de las empresas en las adjudicaciones de obras y servicios del Ayuntamiento de Vitoria. La polémica medida se adoptó el 3 de agosto de 2005, bajo el pretexto de que era necesario "despolitizar la Mesa" y "darle un perfil exclusivamente técnico", de tal manera que el PP quedó como único partido político representado en este órgano.
A juicio del PSE, esta manera de actuar del PP resulta sospechosa y existen indicios e información documentada suficiente para elevar al juez Ruz todo lo descubierto hasta el momento. Por todo ello, y ante la ausencia de respuestas del PP, ha anunciado que dará traslado a la Audiencia Nacional "de toda la documentación de la que disponemos y que han querido darnos para que ésta adopte las medidas oportunas".
