El 'número dos' del PP valenciano comparte con sus amigos cacería y contratos millonarios de la Generalitat

En la cuerda floja por el caso Bárcenas, el Partido Popular vuelve a protagonizar otro escándalo de presunta corrupción, esta vez en la Comunidad Valenciana, por las adjudicaciones concedidas por el secretario general del partido en esa región y conseller de Gobernación, Serafín Castellano, a empresarios amigos, con los que comparte jornadas de caza.

Un contrato de más de 22 millones de euros
Según publica este domingo el diario Levante, el número dos Alberto Fabra firmó en marzo de 2010 la adjudicación del servicio para extinguir los fuegos a la empresa de aviones Avialsa T-35. Castellano y el director general y dueño de esta compañía, Vicente Huerta, son buenos amigos y comparten su pasión por la caza, pero no es el único, el secretario general del PP valenciano acostumbra a ir los fines de semana a cazar patos con otros empresarios, también adjudicatarios de la Generalitat, y con un dirigente de una importante sociedad pública.

La Conselleria de Gobernación que encabeza Castellano otorgó a Avialsa el 1 de marzo de 2010 un contrato por 22.657.852 euros para dar servicio de aviones destinados a las tareas de extinción de incendios forestales en la Comunidad Valenciana.

Serafín Castellano concedió el contrato millonario a su amigo Vicente Huerta un año después del escándalo de otra adjudicación dudosa, en febrero de 2009, a su otro amigo José Miguel Taroncher, con quien también comparte caza.

Más de 200 contratos a dedo
Construcciones Taroncher y Asociados, Construcciones Pérez Taroncher y Jopeta Gestión de Patrimonios consiguieron más de 200 contratos menores adjudicados a dedo, fraccionados si superaban los 50.000 euros, entre 2000 y 2008. El monto total fue de siete millones de euros. De ellos, 1,7 millones fueron aprobados por Castellano cuando estaba al frente de la conselleria de Sanidad.

Querella contra Castellano
La Asociación contra la Corrupción en la Comunidad Valenciana presentó en junio pasado una querella en la que acusa al conseller de prevaricación, malversación de caudales públicos, delito de negocio y actividades prohibidas a los funcionarios y abuso en el ejercicio de la función, como adelantó ELPLURAL.COM

En el punto de mira de la Justicia
El martes pasado, el Tribunal Superior de Justicia Valenciano preguntó a Fiscalía si es competente para investigar las adjudicaciones del conseller Castellano a las empresas de Taroncher.

Una amistad de muchos años
Castellano mantiene una estrecha relación con el empresario Taroncher y su esposa, María Ángeles González, desde hace muchos años. En 1996 el dirigente popular colocó a ‘Marian’ en el Grupo popular en las Cortes valencianas, según el citado diario, y unos meses después el matrimonio fundó la empresa Construcciones Taroncher y Asociados, beneficiada con contratos de la Generalitat.