Los jueces progresistas, más allá de "las opiniones personales del autor respecto de las razones de la expulsión de la carrera judicial del magistrado Baltasar Garzón" se suman al manifiesto, el cual reproducen casi en su totalidad en el comunicado, asumiendo el contenido del texto:
"Se ha demostrado científica y suficientemente, a través de numerosas investigaciones rigurosas, la implicación de Falange Española de las JONS (a partir de abril de 1937 Falange Española Tradicionalista y de las JONS) en la represión desplegada en la zona controlada por el Ejército sublevado desde el golpe de estado contra la democracia republicana hasta bien avanzada la posguerra, ya consolidada la dictadura franquista. Son los propios documentos oficiales (del Ejército, de la Guardia Civil, de la Policía y de la propia Falange) los que dejan evidencia de esa implicación. Estas tareas represivas de Falange afectaron durante años a miles de personas en todo el país. Esta es, por tanto, una verdad científica cimentada en decenas de investigaciones que no admite discusión.
Queremos mostrar nuestra disconformidad ante el hecho de que un periodista que constate una verdad histórica sea imputado judicialmente, al aceptarse la denuncia de Falange por buscar el “menoscabo del honor de Falange con vejaciones injustas, imputándole a FE-JONS, con temerario desprecio hacia la verdad, la comisión de delitos (…) para menospreciar y menoscabar públicamente la fama y el honor de dicha organización.” Sería como si en Alemania un tribunal aceptara una denuncia del partido nazi contra periodistas o historiadores que escribieran sobre los crímenes contra la humanidad cometidos por los miembros de su partido durante los años treinta y cuarenta. En definitiva, no se trata sólo de un ejercicio de libertad de expresión, reconocida por el art. 20 de la Constitución, sino también del derecho a la verdad, difundida desde la historiografía o el periodismo, y recibida por el resto de la ciudadanía que tiene derecho a conocer lo sucedido en su propio país".
