Las empresas Ribera Salud y Capio
Según adelanta El Mundo, el juez va a estudiar posibles irregularidades en el proceso de privatización de estos centros. Además de los exconsejeros de Sanidad Manuel Lamela y Juan José Güemes, el juez ha imputado al director general de Hospitales, Antonio Burgueño, y a empresas como Ribera Salud y Capio, que han sido adjudicatarias de contratos sanitarios.
Los negocios de Güemes y Lamela con la sanidad pública
Juan José Güemes y Manuel Lamela han sido cuestionados por sus vínculos laborales con sectores privados beneficiados con contratos de la Consejería que han dirigido. En el caso de Güemes, en enero último se vio obligado a dimitir, unos días después de ser nombrado, como miembro del Consejo de Administración de Unilabs, una empresa del grupo Capio que heredó la gestión de los análisis clínicos de hospitales madrileños que él mismo privatizó.
En abril pasado, se hizo público que el exconsejero de Sanidad Manuel Lamela, brazo ejecutor del proyecto privatizador de Esperanza Aguirre de la sanidad pública, es actualmente asesor en una empresa que gestiona el Hospital del Tajo. Fue el propio Lamela quien adjudicó ese contrato en 2005.
La responsable del SERMAS
No son los únicos imputados que tendrán que declarar ante el juez; también lo harán Patricia Flores Cerdán, viceconsejera de Asistencia Sanitaria y Directora del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS); Juan Antonio Alvaro de la Parra, en su condición de representante de la Fundación Jiménez Díaz y los representantes de Unilabs y Asisa.
Los médicos les acusan de delitos contra Hacienda, de coacción, prevaricación y malversación
La querella ha sido presentada por la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (Afem), por los presuntos delitos de realización arbitraria del propio derecho, coacciones, delito contra la Hacienda Pública, falsedad documental, prevaricación, cohecho, fraude y malversación de caudales públicos.
La ofensiva del PSOE
Además de la querella de los médicos, el PSOE ha presentando recursos contra el proceso de privatización llevado a cabo por el PP en el Gobierno de Madrid ante el Tribunal Constitucional contra el euro por receta y contra la privatización de la gestión de centros hospitalarios. El miércoles próximo, el PSM llevará a la Comisión Europea una demanda que de aceptarse podría frenar el plan del Ejecutivo regional que preside Ignacio González para ceder la gestión de hospitales y centros de salud a empresas privadas.
El portavoz socialista en la Asamblea espera que se frene el concurso privatizador
El portavoz del PSOE para temas de Sanidad en la Asamblea de Madrid, el médico y diputado José Manuel Freire, ha mostrado su satisfacción por la noticia, “después de un arduo trabajo de los médicos sobre todo, a los que quiero trasmitir mi reconocimiento”, y también por la labor que venimos realizando desde mucho tiempo en el partido”.
En declaraciones a ELPLURAL.COM, José Manuel Freire ha anunciado que el PSOE presentará una querella ante la Comisión Europea para que compruebe, “como pensamos, que el Gobierno madrileño ha incumplido algunos trámites en el proceso privatizador”. Eso hará, en su opinión, que se dé marcha atrás al concurso actualmente abierto para ceder la gestión de seis hospitales y centros de salud a empresas privadas.
Deberían pararlo, antes de que lo hagan los jueces
“Si la Administración madrileña fuera sensata y responsable anularía el concurso, antes que lo hagan los jueces y la Unión Europea”, porque, según subraya Freire, “está llevado su plan adelante en contra de la mayoría de la sociedad, la oposición y la comunidad médica. También porque debería “acabar con los siete meses de inseguridad, angustia a los que ha condenado a los profesionales de la sanidad”.
Denuncia la impunidad del PP
El diputado socialista resalta que “el auto del juez nos da la razón, hay material para investigar. Hemos visto y vivimos cada día la impunidad del PP. A Güemes le ponían alfombra roja por donde iba. Están acostumbrados a no dar explicaciones, ni en el Parlamento, ni en comparecencias ante los medios. Ni siquiera han presentado un informe en el que justifiquen por qué pretenden privatizar los servicios públicos. Algo que se requiere, como mínimo, en un país democrático. Sus argumentos, de tertulia radiofónica no valen para gestionar servicios públicos de tanto dinero. Es un escándalo intolerable”.
