Como si de la obra dramática de Federico García Lorca se tratara, 77 años después de su estreno, algunos de sus personajes han sustituido sus negros ropajes por las togas de magistrados del Tribunal Constitucional. Y es que como se verá, los últimos cambios llevados a cabo entre sus miembros, presagian una vuelta a esa España profunda de incienso y sacristía que con tanto acierto y fuerza supo describir el poeta granadino. En los últimos tiempos, con la complicidad expresa, cínica, voluntaria y entusiasta del presidente saliente Pascual Sala, se ha ejecutado un plan de asalto al Tribunal diseñado y planificado por el núcleo dirigente de los genoveses originales y genuinos. No han ahorrado medios. El fin, nunca mejor dicho, lo justificaba. Desde hace varios meses venimos advirtiendo que lo que está sucediendo iba suceder y lo que va a suceder la próxima semana acabará sucediendo. Y lamentablemente todo apunta a que no nos equivocábamos. Vayamos por partes. En primer lugar, para entender por qué se ha llegado a este punto de inflexión hay que partir de dos elementos que se dan la mano. Y es que cuando en enero del año 2011, Pascual Sala fue elegido presidente del Tribunal, muchos progresistas creyeron desde la buena fe que se consolidaban los tiempos y los talantes que se habían puesto en marcha durante la etapa de su predecesora María Emilia Casas Baamonde. Muy pronto, demasiado pronto, por razones que mejor que nadie conoce el propio Pascual Sala, otra realidad se fue imponiendo. Tras romperse el bloqueo que impedía la renovación parcial de algunos de sus miembros, y la llegada de nuevos magistrados, aparecieron los primeros signos de que el presidente Sala había alcanzado sólidos acuerdos con quienes meses después iban a sentarse en el Consejo de Ministros, tras las elecciones generales del 20N. Los cuatro nuevos miembros del Tribunal Constitucional, ayer, día 13, tras su toma de posesión. De izda. a dcha., Enrique López, Juan Antonio Xiol, Santiago Martínez Vares y Pedro González Trevijano. / Kote Rodrigo (Efe) Estos acuerdos, cumplidos fielmente por las dos partes contratantes, se debían ejecutar en dos momentos muy concretos. Uno, durante el último tramo del gobierno socialista de ZP y primer año de gobierno de Rajoy y otro, al hilo de la última y reciente renovación del Tribunal con la entrada de cuatro magistrados y la consiguiente elección de un nuevo presidente y vicepresidente. El plan supervisado por Soraya Sáenz de Santamaría y por Federico Trillo, con el visto bueno de Rajoy, ha sido milimétricamente ejecutado desde la presidencia del Alto Tribunal. Sin complejos y sorteando, incluso, las líneas rojas que hasta este momento nunca antes se habían sobrepasado. Durante los últimos meses de mandato socialista, Pascual Sala ha malgastado el tiempo de la mayoría progresista, evitando resolver cuestiones que podían incomodar a los futuros inquilinos de La Moncloa. Con cara de circunstancias, buenas palabras y poco más, ha dejado consumir su mandato. En esa misma línea ha agotado el primer año de mandato genovés. Tampoco se ha molestado mucho en disimularlo. Sabía que su suerte estaba echada. Ni el recurso de inconstitucionalidad del PP contra la ley del aborto, ni los recursos de los partidos de izquierda a la reforma laboral han merecido ser sacados a lo largo de este tiempo de su cajón para su debate y sentencia. Los pactos de silencio están para cumplirse y es lo que tocaba hacer. La segunda fase del acuerdo está aún reciente y en la mente de muchos lectores. Se trataba de mirar para otro lado, costara lo que costara, para que un genovés de reconocido prestigio, Enrique López López fuera elegido magistrado a propuesta del gobierno de Rajoy. Para ello, hay constancia y múltiples fuentes lo confirman, Pascual Sala no ha reparado en gastos para que forzando todo lo que hubiera que forzar, la idoneidad de este juez, mitad genovés y la otra mitad también, no fuera un obstáculo para su ratificación por el Pleno del Tribunal. Y es entonces cuando sucede algo no previsto en el guión escrito en los despachos monclovitas. En la votación se produce un empate entre los 12 magistrados. Hay 6 que consideran que López, por más que estire y reescriba su trayectoria, da de sí lo que da y votan en contra de su idoneidad. Por el contrario hay otros 6 que votan a favor y lo hubieran hecho incluso aunque el candidato fuera licenciado en Ciencias Exactas. Y en ese preciso momento Pascual Sala que hacía ya meses que había vendido su alma progresista a las nuevas mayoría conservadoras decide hacer valer su voto de calidad para romper el empate y favorecer que Enrique López fuera declarado idóneo. Y sin pensárselo dos veces, a sabiendas de que su voto de calidad de presidente solo puede ejercerse en los Plenos jurisdiccionales, decide imponerlo en ese Pleno Gubernativo que nunca hasta entonces en los 30 años desde su constitución había sucedido en el Tribunal Constitucional. Y no contento con semejante disparate, con la complicidad necesaria del Secretario del Tribunal, sin consultar, acuerda que no se levante acta de esa sesión plenaria, de tal modo que no se deje constancia de lo que allí había sucedido. Solo el tiempo y los tribunales, llegado el caso, se pronunciarán sobre esta cadena de dislates jurídicos cometidos por la mayoría conservadora con el presidente saliente a la cabeza. Mientras esto sucede el hecho cierto es que como figuraba en el contrato de obras y servicios, Enrique López, con la escasa dignidad que le queda, tendrá domiciliada en los próximos años su nómina en su nuevo centro de trabajo. Pero por desgracia, Pascual Sala no solo ha colaborado activamente en forzar idoneidades y aparcar en el cajón del olvido cuestiones básicas que afectan a millones de mujeres y a millones de trabajadores. También desde mayo del 2012 ha mantenido un espeso silencio sobre una cuestión de extrema gravedad que vulnera los cimientos más elementales de esa Institución. Asunto este que afecta directamente al que está llamado a ser elegido nuevo presidente del Tribunal, el conservador Francisco Pérez de los Cobos Orihuel que según las previsiones gubernamentales estará acompañado como vicepresidente por Juan José González Rivas, un magistrado tan conservador como Pérez de los Cobos que además es especialmente bien visto por el Cardenal Rouco y sus sobrinos. Todo ello y algo más se podrá leer en la segunda parte de esta crónica negra que verá la luz en las próximas 72h. Blog Los Genoveses
