La infanta Cristina y su esposo, Iñaki Urdangarín. EFE/Archivo
El yerno del rey, Iñaki Urdangarin y su socio Diego Torres no han abonado los 8.189.448 euros de fianza impuesta por el titular del juzgado de instrucción número 3 de Palma de Mallorca. A partir de ahora dicho juzgado pondrá en marcha los trámites para proceder el embargo de los bienes de Urdangarin y Torres, tanto de cuentas corrientes como de inmuebles a su nombre, hasta cubrir la millonaria fianza. No obstante fuentes judiciales señalan que no es previsible que el embargo se inicie de forma inmediata.
Gran patrimonio inmobiliario
Iñaki Urdangarin y la Infanta Cristina son propietarios de un importante patrimonio inmobiliario, además del famoso palacete de Barcelona en el que se gastaron casi 7 millones de euros reformas incluidas, son dueños de dos pisos, dos plazas de garaje y un trastero en Palma de Mallorca y una vivienda más en Terrasa. Al no pagar la fianza, el juzgado embargará cuentas bancarias y patrimonio hasta sumar la cantidad que le corresponda a Urdangarín.
Recurren la fianza
El juez Castro, que instruye la investigación sobre el desvío de fondos públicos a través del Instituto Nóos, dio cinco días de plazo a los imputados para que depositaran la fianza, plazo que finalizó ayer a media noche sin que eso ocurriera. También les concedía 3 días de plazo para que recurrieran, recursos que fueron presentados el pasado martes pero que no anulaban la obligatoriedad de pagar la fianza.
El marido de la Infanta Cristina recurrió la fianza argumentando que se vería abocado a un "injusto empobrecimiento", al mismo tiempo que sus abogados sostienen que está sufriendo "indefensión" en esta investigación.
Urdangarin estudia ir al Constitucional
Los abogados del Duque de Palma han anunciado que podría recurrir al Tribunal Constitucional porque consideran que se ha "vulnerado su derecho de defensa" hasta el punto de que "no se sabe de qué hechos o delitos debe defenderse de manera concreta y precisa".
En el auto del juez Castro en el que impone la fianza de casi 8,2 millones de euros a Urdangarín y a Diego Torres les imputa delitos de falsedad documental, prevaricación administrativa, malversación de fondos públicos, fraude a la Administración y tráfico de influencias en la firma de varios convenios del Instituto Nóos con los gobiernos del PP en la Comunidad Valenciana y en Baleares que habrían reportado a los imputados más de seis millones de euros de ganancias.
