La casa de aperos de Pedro Sanz
El presidente de La Rioja, Pedro Sanz, pasa sus vacaciones y fines de semana con su familia en una modesta ‘casita de aperos’ de unos 40 metros cuadrados para la que el dirigente popular ha ido solicitando durante años todos los permisos requeridos para realizar sencillas reformas, como eliminar humedades, quitar algún tabique y pintar la fachada. Esto es lo que debe constar en los archivos del Ayuntamiento de Villamediana, pero la realidad es muy diferente.
El alcalde ha firmado los permisos
En lo que debería ser una casita para guardar utensilios de labranza, porque es lo que permite la ley al tratarse de un terreno rústico no urbanizable, el popular Pedro Sanz ha levantado un chalet de 205 metros cuadrados. Saltándose la Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Rioja. El alcalde de Villamediana, Tomás Santolaya Sáez, también del PP, ha concedido los permisos que ha ido solicitando Pedro Sanz, desde 1982.
“Todo el mundo sabe que tengo una finca”
En declaraciones recientes a Onda Cero, Pedro Sanz intentaba quitar hierro al asunto, al ser preguntado por su ‘casita de aperos’. “Todo el mundo sabe que tengo una finca desde el año 1980, estoy hablando de hace 33 años, que tengo una construcción que yo he ido mejorando y que he pedido los permisos oportunos. Posiblemente cuando uno construye en esas fincas, pudiera haber algún tipo de cuestión que no se hace correcto en el tema, posiblemente”.
“Esa finca yo la termino en el año 1989 –continuó Sanz- con la electrificación de la propia finca y demás, pago la contribución urbana que me pasa el Ayuntamiento de Villamediana y creo que está todo a la luz de todo el mundo, además está en la misma carretera. El que tenga que decir algo que lo diga. El que tenga que ir a los Tribunales si cree que debe ir que vaya, pero no voy a hacer el juego a nadie”.
El PSOE pide que se investigue
A principios de enero, Interviú publicó un reportaje sobre el chalet de Sanz. El PSOE ha anunciado hoy que ha presentado ante el Ayuntamiento de Villamediana una acción pública para que “analice el conjunto de actuaciones que se han ido realizando en una finca rústica” que el presidente de la Comunidad Autónoma posee junto a su esposa.
Una construcción prohibida por la ley
El secretario de Relaciones Institucionales del PSOE de La Rioja, Vicente Urquía, ha explicado en rueda de prensa que Pedro Sanz adquirió esta finca rústica en Villamediana en 1982 “y hasta el año 2012 la ha ido modificando hasta que un caseta de aperos de 40 metros cuadrados se ha convertido en un unifamiliar de 205 metros construidos”. Según ha señalado, este tipo de construcción “no está permitida por la LOTUR (Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Rioja.)”, por lo que los socialistas quieren conocer si “se ha construido paso a paso, ilegalidad tras ilegalidad durante los últimos 30 años”.
Opacidad en el Ayuntamiento
La diputada regional y portavoz socialista en Villamediana, Sonia Ibarguren ha criticado la “trabas” encontradas en el Ayuntamiento de Villamediana para analizar el expediente sobre el chalet de Sanz.
Las reformas
La primera reforma, según explicó la parlamentaria, data de 1982 y se trató de “reparaciones del interior”. En 1988 se pidió permiso para varias reformas en vallado y caseta (tabique, fachada goteras…) y fue en el año 1989 cuando se dotó de servicio de electricidad.
Tras otras reformas en 1997 y en 1999 para reestructurar fachadas y reformas en el interior del chalet, Ibarguren, ha mencionado las tres últimas licencias para las reformas “que más han cambiado” el aspecto de “la supuesta caseta”.
En 2008 se pidió una licencia para construir un porche de 40 metros cuadrados “en una caseta que no puede superar esos mismo metros”, según subrayó la socialista. UN año después, se pidió aprobación para un “cambio de ventanas y finalmente en 2012 se solicita licencia para el cambio de tejas por mal estado y para cubrir 4 metros de terraza con el fin de evitar goteras, es decir, se renueva todo el tejado”.
El presidente que se salta sus propias leyes
El PSOE quiere que se inicie un proceso de investigación “para ver si las licencias se ajustan a la ley y llegar así al final de este asunto”, porque “no puede ser que el presidente de la Comunidad Autónoma sea quien incumpla las leyes que hace su propio gobierno”.
