El presidente valencia, Alberto Fabra, durante su visita a la factoría Ford.
Concebidos para poner a la Comunidad Valenciana en el mapa mundial de los grandes eventos, los sucesivos gobiernos del PP invirtieron cerca de 2.100 millones de euros en poner en marcha unos proyectos faraónicos que, a corto plazo, engrosaron su caladero de votos, pero que al mismo tiempo han ido esquilmado las arcas públicas y empobreciendo a la sociedad valenciana. Ahora, ante la realidad de la crisis y con la obligación de reducir el déficit, el Consell de Alberto Fabra ha abierto un proceso para vender o ceder la gestión de unas empresas públicas que no son más que un agujero negro que lastra los presupuestos de la Generalitat.
La Ciudad de la Luz de Alicante, la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, el aeropuerto de Castelló, la Universidad Internacional Valenciana (VIU) y el Circuito del Motor de Cheste, empresas públicas que, como ya informó ELPLURAL.COM, suponen un coste de 15 millones mensuales, forman parte del mismo paquete para el que el gobierno valenciano busca comprador o gestor a través de una comisión al frente de la cual estará el vicepresidente del Consell José Císcar.
La oferta “fantasma” de Fabra
La decisión del Consell de crear una comisión que gestione la venta o la externalización de la gestión de los grandes proyectos de la Generalitat se produce solo unos días después de que Carlos Fabra, expresidente de la Diputación de Castelló y presidente de la sociedad pública Aerocas, anunciara una oferta de 200 millones por el aeropuerto de Castelló. Una propuesta de compra de un fondo de inversión hispanolibio cuyo montante posteriormente el Consell redujo a unos 90 millones, y que no cubre ni la mitad de los cerca de 200 millones invertidos en el aún aeropuerto peatonal de la Plana.
Según Císcar, la Generalitat maneja varias propuesta de compra del aeropuerto de Castelló, al margen de la oferta “fantasma” anunciada por Carlos Fabra. Pero antes de vender el aeródromo, la Generalitat deberá llegar a un acuerdo con la empresa concesionaria a la que se le rescindió el contrato y que reclama judicialmente una indemnización de 126 millones por su inversión en la construcción de las instalaciones más el lucro cesante.
Cacsa se privatizará excepto la Ópera
Caso aparte es la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa). Presupuestada inicialmente en 308 millones, su coste real se aproxima a los 1.300 cuando el Ágora, el último de sus edificios, está aún por terminar. Las dimensiones del complejo, que le supuso al arquitecto Santiago Calatrava unos cien millones de ingresos, hacen inviable su venta, por lo que la intención de la Generalitat es privatizar la gestión de los distintos edificios, con la excepción del de la ópera. La imposibilidad de encontrar un gestor privado por el déficit que acarrean las representaciones operísticas, obligan al Gobierno de Fabra a mantener la gestión pública del Palacio de las Artes, que año tras año ve cómo se reduce la aportación económica de los presupuestos autonómicos.
Doble conflicto en los estudios de cine
La Ciudad de la Luz de Alicante se presupuestó en cien millones, cifra que al final casi se triplicó al alcancer un coste de 274 millones. Para la venta de los estudios cinematográficos, el Consell deberá antes resolver un doble conflicto. El primero, el que tiene abierto con la empresa Aguamarga, gestora de los estudios, y a la que ha denunciado ante los tribunales por incumplimiento de contrato. Y el segundo y con mayores repercusiones económicas, la sanción de 265 millones que la Unión Europea impuso a la Ciudad de la Luz al considerar ilegales las ayudas que recibió de la Generalitat para su construcción.
14 millones para 15 empleados
La Ciudad de la Luz alberga también una de las muestras del derroche de la gestión llevada a cabo por el PP. Después de invertir más de 24 millones en la construcción de los seis platós, el Consell se gastó otros 14 en un edificio de oficinas de tres plantas más sótano destinado a albergar una plantilla de quince trabajadores, “lo que demuestra la desmesura de la obra y los delirios del Gobierno del PP por las construcciones faraónicas”, denuncia la diputada de Compromís, Mireia Moyà. Inaugurado en febrero de 2011 con un homenaje al cineasta valenciano Luis García Berlanga, el edificio sigue cerrado.
Cheste y la VIU también salen a la venta
El circuito de Cheste, que costó más de 50 millones de euros en 1999, estrenó este año reasfaltado y remodelación de la pista con un coste superior al millón de euros. Cheste tiene garantizado su Gran Premio del mundial de motociclismo hasta 2016 pero Circuito de Motor, la sociedad pública que los gestiona, también está en venta. Igual final le espera a la Universidad Internacional Valenciana (VIU, según sus siglas en inglés), polémica desde su creación y que imparte sus enseñanzas de manera interactiva y virtual.
“La demostración de un fracaso”
La comisión creada por el Consell para vigilar la venta de los megaproyectos es para la diputada socialista, Eva Martínez, “la demostración de que la política de grandes eventos que ha impulsado y mantenido el gobierno del PP con el dinero de todos los valencianos ha sido un fracaso y ha traído más ruina y más empobrecimiento a la Comunitat”. La diputada socialista lamenta que “después de 17 años el gobierno del PP ha dilapidado sin mesura el dinero de los valencianos, ha enterrado miles de millones de euros de todos a costa de la sanidad y la educació, a costa del estado del bienestar”. Martínez pide transparencia en el proceso de venta para que “los valencianos recuperemos de inmediato esos miles de millones que se han derrochado para que algunos se llenen los bolsillos”.
“Una liquidación escandalosa”
Por su parte, la portavoz de Esquerra Unida, Marga Sanz, ha señalado que “la megalomanía del PP y los negocios de sus amigos han dilapidado recursos públicos millonarios que podía haberse destinado al bienestar de los valencianos” y ha calificado de “escándalo” que el Consell se disponga a liquidar sus obras faraónicas “sin la más mínima autocrítica o explicación”. Para la coordinadora de la formación de izquierdas, la ruina de las arcas de la Generalitat y su endeudamiento “tienen mucho que ver con estos proyectos y la consencuencia inmediata son los recortes que están deteriorando los servicios públicos”.
