La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, Soraya Rodríguez, acompañada del líder del PSM, Tomás Gómez (c) y el portavoz en el Senado, Marcelino Iglesias, momentos antes de presentar un recurso contra el euro por receta implantado en la Comunidad de Madrid hoy ante el Tribunal Constitucional. EFE
En la reunión de la Ejecutiva pidieron al PSM el borrador
La historia comenzó el pasado martes, en la reunión de la Comisión Ejecutiva socialista. Según fuentes socialistas desvelan a ELPLURAL.COM, la vicesecretaria general, Elena Valenciano, al iniciarse la reunión recibió un teletipo de EFE. En él se informaba de la inminencia de la presentación del recurso ante el Constitucional por parte del Partido Socialista de Madrid (PSM). Valenciano entonces le pidió a Maru Menéndez, miembro del PSM, que pasara el recurso a la dirección federal para que lo pudieran evaluar. Menéndez explicó que aún no estaba acabado, pero mostró su disposición inmediata para remitir el borrador en el momento en el que se encontraba.
Así sucedió en las horas siguientes. Tan pronto como lo recibieron, en Ferraz enviaron el borrador de los socialistas madrileños a sus compañeros en Andalucía y Euskadi, así como en Asturias. La tarde del martes los equipos jurídicos de estas dos federaciones estudiaron la propuesta del PSM y presentaron una serie de inconvenientes. Básicamente, como se explicaba en la información de ayer, todas en el sentido de conceder a las Comunidades Autónomas la capacidad para intervenir sobre los precios de los fármacos, lo que estaba, según nos dicen, en la base del recurso del PSM.
Una reunión el miércoles, salva la situación
El miércoles los equipos jurídicos del PSM y del PSOE, éste coordinado con los de las otras federaciones implicadas, trabajaron cada uno en su propio proyecto de recurso. De esta forma, el día se fue en un pulso en el que pudo parecer que había más de debate personalista que jurídico. Las dos partes lo negaban, pero en el PSM consideraban, como explicamos, que lo que se pretendía era negar a Tomás Gómez la foto presentando el recurso ante el Constitucional en represalia por su petición a Rubalcaba de que convocara un Congreso Extraordinario para sustituirle en la reunión de barones de finales de diciembre. En Ferraz se veía el movimiento de Gómez como una nueva muestra de reto e indisciplina por parte de los díscolos socialistas madrileños.
La mañana del jueves se inició con esta distancia que parecía irresoluble, hasta que se encontró un camino promovido por alguien de la dirección en Ferraz. Hacias las 11 de la mañana, Soraya Rodríguez y Maru Menéndez, acompañadas de los equipos jurídicos, se reunieron y comenzaron a buscar una redacción de consenso del recurso. Esto permitió que al final de la mañana Elena Valenciano pudiera anunciar que los socialistas presentarían un solo recurso, de consenso de todos.
Ferraz rechaza que 'un senador pueda actuar por su cuenta'
Lo cierto es que aún así, durante todo el resto del día, y hasta casi las ocho de la noche, no se finalizó el trabajo, en el que fueron interviniendo también los equipos jurídicos de los socialistas andaluces y vascos en especial, que se aseguraban de que el recurso "no causaría problemas con las actuaciones que ya habían llevado a cabo nuestros gobiernos en esas comunidades".
"Hubiera sido ridículo -dicen en fuentes de la dirección socialista a ELPLURAL.COM- que Moncloa pudiera limitarse a coger el recurso del PSM para adjuntarlo a los suyos y oponerse a la decisión del gobierno de Griñan en favor de la subasta de medicamentos, o desacreditar la decisión de Patxi López de resistirse al copago en el País Vasco". Estas mismas fuentes, aún con reticencia, reconocen a este periódico que además de los problemas jurídicos y políticos en la intervención de Ferraz hubo el deseo de dejar claro que "no resulta aceptable que cada senador actúe a su propio albedrío cada vez que los desee, anunciando un recurso por su cuenta a cualquier ley. Esto es un partido y tiene que funcionar como tal".
Al final, el recurso que presentan los socialistas ante el Constitucional no se basa en las competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, sino, según nos dicen, en que "el euro por receta es un impuesto encubierto que no reúne las condiciones necesarias para ser aplicado".
