La Iglesia católica alemana ha dado carpetazo, al menos de momento, a la investigación que había ordenado sobre los abusos sexuales a menores en sus instituciones. El obispo de Tréveris, Stephan Ackermann, ha dicho que “se ha roto la confianza en el jefe del proyecto de investigación”, en referencia al criminólogo Christian Pfeiffer.

El criminólogo acusa a la Iglesia de censurarle
Pfeiffer, que dirige el Instituto de Investigación Criminológica de Baja Sajonia (KFN), acusa, por su parte, a la Iglesia de no dejarle trabajar en libertad, y de ceder a su “afán de censura y control”.

La Iglesia se queja de "la comunicación" de Pfeiffer
La Conferencia Episcopal alemana ha comunicado que pretende “proseguir con los análisis junto a otro colaborador” que sustituya a Pfeiffer. Se espera una decisión definitiva para finales de esta semana. El obispo Ackermann no especificó los problemas que arruinaron su relación con los investigadores de Pfeiffer, y se limitó a señalar la “conducta de comunicación” llevada a cabo por el criminólogo.

La Iglesia tiene miedo de que se sepa la verdad
Pfeiffer ha explicado que tuvo dificultades en la archidiócesis de Múnich-Freising (Frisinga), porque los obispos solicitaban sus textos para revisarlos antes de su publicación. Algo que no estaba dispuesto a admitir el criminólogo. “Una parte de la Iglesia temía posibles daños a su reputación”. Los más dispuestos a colaborar con los investigadores, como el propio Ackermann, fueron perdiendo peso en la disputa hasta que primaron los “elementos más miedosos y obsesionados por la controversia”, ha dicho Pfeiffer, que ha denunciado “cambios en el contrato”, firmado en 2011.

En una entrevista, este jueves, en la televisión pública, Pfeiffer consideró que algunos miembros de la Iglesia “no querían que viera el contenido de algunos expedientes que desvelan errores masivos de la Iglesia”. Por ejemplo, casos en los que “un cura obtenía un nuevo destino” pese a estar implicado en abusos sexuales a menores. El criminólogo, además, sostiene que diversas diócesis han destruido documentos sobre casos de pederastia en colegios y otras instituciones católicas. La Iglesia niega todo esto y alega necesidades de “protección de datos”.