“Privatizar la sanidad implica buscar una rentabilidad económica y eso solo es posible a costa de la calidad y cantidad de los servicios que reciban los pacientes y de las condiciones laborales de los trabajadores”. Así, al menos, lo cree la mayoría de los expertos que niegan rotundamente que la sanidad pública sea más cara que la privada: “Todo lo contrario, un estudio, entre otros, de la Universidad de Manchester demuestra que los hospitales privados pagan un 20% más que los hospitales públicos”, sentencian.

Las falsas razones de González y Cospedal
Estudios avalados por el mismísimo presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), Juan José Rodríguez Sendín, quien advierte de que privatizar la sanidad no abarata el sistema. ¿Por qué, entonces, Ignacio González y María Dolores Cospedal quieren entregar a la empresa privada la sanidad madrileña y castellano-manchega? Recientemente el British Medical Journal destacaba que el sistema sanitario británico se gastó más de un billón y medio de euros en la privatización, además de subrayar que con esta medida “la mortalidad ha aumentado”. Por eso, llama la atención que estos dos líderes neoconservadores hablen de ahorro y eficiencia cuando queda probado que el sistema público es más barato y más eficaz. Está claro: ya nadie duda de que se privatiza por ideología y por puro negocio, por lo que tampoco se entiende que una de las mejores sanidad del mundo, donde, además, menos se invierte en salud, 9,7% del PIB (Francia, 11,9%; Estados Unidos, 17,4%, o Alemania, 11,6%), se quiera privatizar a toda costa en contra de la mayoría de la población.

Un banquete llamado Castilla-La Mancha…
Un negocio que en Castilla-La Mancha la presidenta Cospedal repartirá al mejor postor con la privatización, en principio, de los hospitales de Tomelloso, Manzanares, Villarrobledo y Almansa, todas ellas localidades gobernadas por el PP, con una población superior a los 110.000 habitantes por los que la empresa privada cobrará en torno a los 70 millones de euros anuales, cantidad que la Junta de Comunidades tendrá que abonar a la empresa que se quede con la explotación de estos centros sanitarios, a los que seguirán los nuevos de Toledo, Cuenca, Guadalajara y Albacete. Un negocio, en resumidas cuentas, multimillonario que tiene a las empresas del sector (Capio, Ribera, Quirón y Sanitas) expectantes y pendientes del pliego de condiciones del Gobierno privatizador de María Dolores Cospedal.

…Y unos “comensales” apellidados Capio y Ribera
Como dicen los médicos: “¿Si la sanidad no es negocio, por qué quiere participar de su gestión la empresa privada?” (Ver ). Fácil: los beneficios de estas compañías dependen del ahorro que realicen del canon que el Gobierno de Cospedal pagará por cada habitante de sus zonas de influencia, algo más de 600 euros por cada uno de ellos, según los expertos consultados por ELPLURAL.COM. Empresas que tienen a Capio y a Ribera Salud como los principales “comensales” del suculento banquete sanitario manchego, que de ser la primera la beneficiada pasará a manos de fondos de capital riesgo británicos (CVC), y que por lo tanto pueden quebrar en cualquier momento. Si esto ocurriera, sería la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha la que acudiría a su rescate con dinero de todos los ciudadanos, como así ha sucedido ya en la Comunidad Valencia, gobernada también por el PP.

“BBB” cuando quieren decir “low cost”
Así las cosas, tanto Ignacio González como María Dolores Cospedal intentan implantar en Madrid y Castilla-La Mancha el modelo fracasado valenciano llamado Alzira, que consiste en patentar las “Tres BES” (bueno, bonito y barato), cuando en realidad se trata de un verdadero “low cost” consistente en ampliar la jornada de trabajo de médicos y resto de personal, pagar menos y centrar todo en incentivos para rebajar el coste sanitario y, de paso, mermar considerablemente la calidad de la salud y obtener de esta forma dividendos que repartir entre sus accionistas del fondo de capital riesgo. De ahí que los profesionales aseguren que en Castilla-La Mancha y Madrid “la salud pasará de ser un derecho a un negocio redondo”, señalan a este periódico fuentes de la recién creada Plataforma para la Defensa de la Sanidad Pública castellano-manchega, que a partir del día 14 comenzará su particular marea blanca con concentraciones en hospitales y centros de salud.

Valcárcel, Diego y Herrera se alejan de Cospedal…
Modelo valenciano que Ignacio González y María Dolores Cospedal han importado en sus respectivas comunidades. Sin embargo, no todos los gobiernos autonómicos del PP están dispuestos a desmantelar la sanidad pública. El caso más claro es el murciano, cuyo presidente, Ramón Luis Valcárcel, defiende que la Sanidad tiene que llegar “siempre desde lo público hasta el último de los ciudadanos”. Un tanto de lo mismo asegura su homólogo cántabro, el también “popular” Ignacio Diego, quien recientemente ha asegurado que está “descartada absolutamente” la privatización total o parcial de la sanidad en Cantabria como la emprendida en Madrid y en Castilla-La Mancha. En parecidos términos se expresan también los mandatarios de Extremadura y Castilla y León, José Antonio Monago y Juan Vicente Herrera, respectivamente. Aún es más, el propio Rajoy ha repetido hasta la saciedad que el modelo castellano y leonés “es un modelo a seguir en educación y sanidad pública”.

…Y Rubalcaba acudirá a los tribunales
Sin embargo, todo parece indicar que a González y a Cospedal no le saldrá gratis este ataque directo a la sanidad pública, como el pasado fin de semana anunciaba en Guadalajara el secretario general del PSOE. Rubalcaba afirmaba que los socialistas recurrirán “hasta el final” la privatización en los tribunales, asegurando que una de sus preocupaciones es defender el modelo de sanidad universal y gratuita frente al modelo que el PP está implantado en Madrid y Castilla-La Mancha.

Echániz, sí; López del Hierro, no
Sea como sea, el caso es que el negocio sanitario está asegurado en Castilla-La Mancha y en Madrid. Negocio que nada tiene que ver por ahora con el esposo de la secretaria general del PP, Ignacio López del Hierro, cuya vinculación con Capio es más fruto del rumor que de la realidad, siempre según el comunicado hecho público por la empresa donde, eso sí, la hermana del polémico consejero de Sanidad del Gobierno de Cospedal, José Ignacio Echániz, sí ocupa un destacado lugar en el organigrama directivo de la misma. Pura casualidad, claro.