La inmigración genera "todos los problemas"
Alonso ha lamentado que "durante muchos años" se haya permitido esta inmigración irregular, algo que genera "todos los problemas". En su opinión, "la bolsa de inmigrantes ilegales se ha ido alimentando a lo largo de los últimos años porque no se ha aplicado la ley. Y no aplicar la ley siempre trae problemas --ha insistido--. Es evidente y la ley dice que los extranjeros en situación irregular no pueden estar en España".
Dejar a los sin papeles sin sanidad, es una actitud "muy seria"
En este contexto ha enmarcado la decisión del Gobierno de retirar la tarjeta sanitaria a partir de septiembre a los extranjeros ilegales, ya que si España quiere mantener su actual sistema sanitario debe ser "muy seria" en la gestión económica del servicio.
Fórmulas demagógicas
El portavoz del PP en el Congreso ha insistido en que el Gobierno está buscando "una alternativa razonable" a esta situación y el debate "no debería complicarse con otras fórmulas que son mucho más demagógicas". Además, respecto a la posibilidad de que los inmigrantes irregulares paguen 700 euros anuales para recibir prestación sanitaria, ha recordado que siempre hay que tener en cuenta "la capacidad" del sistema de salud español. "¿Dónde está el límite?", ha preguntado recordando que a través de esta vía se ofrece una posibilidad que no está abierta en otros sistemas.
Los pacientes crónicos siguen en el aire
Además, ha recordado que los menores, las mujeres embarazadas, las urgencias o los pacientes crónicos seguirán siendo atendidos. "Y eso se paga con la solidaridad de todos los españoles". Sobre el caso de los enfermos crónicos, el Gobierno aun no se pone de acuerdo sobre lo que hará. En un principio los metió en la misma bolsa que al resto de las personas sin residencia legal, a continuación planteó que se cobraría a sus países de origen y por último ha alegado que esta fórmula no es posible.
Contra Andalucía y Cataluña
Alonso también ha arremetido contra las comunidades autónomas que han adelantado su intención de no cumplir con esta medida del Gobierno y seguir atendiendo a los inmigrantes irregulares y ha recordado que son las mismas que han dejado de pagar programas de asistencia a mayores o han retirado las subvenciones a las asociaciones que cuidan a los discapacitados.
En concreto, se ha dirigido a Cataluña y Andalucía, que "pueden atender a cualquier extranjero esté en situación legal o ilegal en España de forma gratuita pero no pueden atender a asociaciones que cuidan de la gente con discapacidad porque no tienen dinero". "Esto no es un planteamiento presentable, no es un planteamiento serio", ha censurado.
