Tanto Correa como Crespo estaban citados esta mañana para prestar declaración como imputados en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, que instruye una causa por presunto delito electoral del PP valenciano y una posible malversación de la Generalitat relacionada con la trama. Tras abandonar el tribunal, Crespo ha explicado a los periodistas que se había acogido a su derecho a no declarar en lo que considera un proceso "viciado" desde su origen, por la grabación de las comunicaciones que mantuvieron los principales imputados desde la cárcel con sus abogados, escuchas que fueron declaradas ilegales y por las que el juez Baltasar Garzón fue condenado a once años de inhabilitación.

El Bigotes tampoco declaró ante el juez
Este lunes, el cabecilla de la trama Gürtel en Valencia, Álvaro Pérez, conocido como ‘El Bigotes’, también se negó a declarar. 

Correa, en ambulancia
Correa ha llegado al tribunal en el interior de una ambulancia, lo mismo que en otras comparecencias judiciales, procedente de la prisión de Picassent y escoltada por la Policía Nacional, informa el diario Levante.

Correa regaló chalés en Málaga a tres altos cargos del PP
La trama corrupta que capitaneaba Correa no solo repartía comisiones a políticos del PP en contraprestación por adjudicaciones de contratos. También favorecía a  cargos populares con negocios. La Policía ha detectado la adquisición de derechos de compra de viviendas en la urbanización Bermuda Beach de Estepona (Málaga). El objetivo no era otro, según indica la policía que el de adquirir los derechos de compra de las viviendas y, posteriormente, venderlos, una operación típica de la época del boom inmobiliario, según informa El País.

Según documentación incautada en los registros de las empresas de la trama, la estimación del beneficio que se podía obtener por la venta de esos derechos de compra por cada apartamento era de 13.504,15 euros.

Gerardo Galeote
Uno de los políticos favorecidos con esta operación urbanística fue presuntamente Gerardo Galeote, eurodiputado implicado en el grueso del caso Gürtel y también en la causa que llegó al Tribunal Superior de Castilla y León, ante la posibilidad de que hubiera cobrado comisiones ilegales por la adjudicación de la variante de Olleros de Alba. Su implicación, finalmente, se archivó porque consideraba prescrito el delito de cohecho y sin pruebas suficientes el de prevaricación.

El exconcejal Ricardo Galeote
En el caso de la vivienda reservada a nombre de Ricardo Galeote, la señal fue abonada por Correa, el desembolso por el contrato de compraventa pagado por el concejal pero avalado por Pablo Crespo, número dos de la trama, y, finalmente, el chalé se escrituró a nombre de un tercero.

El exconcejal y exsecretario general del PP en Estepona, Ricardo Galeote, "valiéndose de su situación" en el Ayuntamiento otorgó contratos a las empresas de la 'red Gürtel 'a cambio de viajes a Munich o al Caribe que pagaba la agencia Pasadena del presunto cerebro de la trama.

Martín Vasco
Respecto a Martín Vasco, el apartamento fue reservado a nombre de Joaquín Martín Vasco a quien la policía ha identificado en alguna ocasión como “el que sería hermano” del exdiputado de la Asamblea de Madrid, ya que no es la primera vez que aparece en el sumario de Gürtel. Sin embargo, es el propio Benjamín Martín Vasco, tal como recoge la policía, quien interviene en nombre de la sociedad de Correa “en calidad de vendedor” en un intento por vender, en bloque, los derechos de compra de los chales.

El negocio de Martín Vasco con Martinsa
Según las investigaciones que obran en el sumario, el exalcalde de Arganda del Rey Benjamín Martín Vasco, uno de los imputados en el caso Gürtel, intermedió para conseguir adjudicaciones de proyectos urbanísticos para Martinsa, sociedad que habría pagado comisiones al supuesto cabecilla de la trama, Francisco Correa, para lograr los contratos. Martín Vasco, cuyos trapicheos fueron denunciados en ELPLURAL.COM, favoreció presuntamente a la empresa Martinsa en un contrato público para la venta de una parcela por 77 millones de euros, a cambio de una comisión de 300.000 euros. Dos años después Martinsa vendió la tercera parte de la parcela por 73 millones. El nivel del amaño debió ser tal que Martín Vasco pidió otros dos millones de euros tiempos después para pagar su silencio.

A Martín Vasco se le acusa de conseguir adjudicaciones de proyectos urbanísticos a favor de la empresa Martinsa en el Ayuntamiento de Arganda del Rey. Asimismo, se le imputó de facilitar la entrada de Easy Concept en Arganda mediante la adjudicación de contratos públicos entre 2005 y 2007. Asimismo, se le imputó de facilitar la entrada de Easy Concept en Arganda mediante la adjudicación de contratos públicos entre 2005 y 2007.

El exdiputado en el Parlamento madrileño es recordado por su nombramiento por parte de Esperanza Aguirre para presidir la comisión de investigación en esa Cámara sobre los presuntos seguimientos a cargos del PP. Martín Vasco fue obligado a dimitir tras ser implicado en el caso Gürtel.