El vocal del Consejo General del Poder Judicial y catedratico de derecho penal Jose Manuel Gomez Benitez ha presentado una denuncia en la Fiscalia General del Estado por una supuesta malversacion de fondos publicos contra el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Divar, por haber pagado presuntamente con fondos publicos, por un valor de cerca de 6.000 euros, el importe de una habitacion en un hotel de lujo de Marbella y varias cenas en esa misma localidad, durante seis fines de semana, segun 'El Pais'. El vocal José Manuel Gómez Benítez, que fue nombrado a propuesta del PSOE, sugirió hace varias semanas un plan de austeridad para evitar despilfarros en los viajes de los miembros del Consejo del Poder Judicial.

"Semanas caribeñas" y escoltas
José Manuel Gómez Benítez explica en su denuncia que el presidente Carlos Dívar endosó al Consejo las facturas de al menos seis viajes no oficiales, realizados en fines de semana entre septiembre de 2010 y noviembre de 2011 por importe de 5.658,88 euros y que todos tienen como destino uno de los hoteles de lujo de Puerto Banús. La denuncia hace referencia, además, a los gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención de los escoltas del presidente del Consejo General del Poder Judicial (entre cinco y siete agentes), por los referidos viajes, que ascendieron a 26.741,85 euros. Todos los viajes son por lo menos de cuatro días, es decir, fines de semana que suelen empezar en jueves y terminan en martes, lo que en el Consejo  se conoce como “semana caribeña”.

Hotel de lujo en Puerto Banús, cenas, viaje en barco...
Los gastos de cada uno de los fines de semana incluyen conceptos similares, como alojamiento en un hotel de gran lujo en Puerto Banús, cena para dos, comidas en el restaurante de la piscina, en la habitación, así como las bebidas en el bar de la piscina, en el bar del hotel y las consumiciones del minibar traslado en barco a Ceuta y el uso de un Mercedes 500.

Ha habido reticencias para facilitar información
Benítez ha sido entrevistado hoy en la SER, donde ha explicado que desde octubre pasado viene esperando la información requerida sobre este asunto y que ha habido “reticencias” para entregársela. Ha reconocido que ha hablado con Dívar sobre y ha justificado su actuación en que como funcionario tiene “la obligación legal de si conozco hechos que aparentan ser delictivos, no se puede hacer otra cosa que ponerlos en conocimiento del fiscal o de los jueces”, porque de lo contrario se le podría acusar de estar encubriéndolos.

Dívar dice que paga sus viajes privados
Dívar ha negado, en declaraciones a El País que cargara a al presupuesto del Consejo General del Poder Judicial sus gastos privados y asegura que tiene los recibos y los puede presentar. Asimismo dijo que no conocía la existencia de la denuncia, ni el fiscal general del Estado le había llamado para comunicarle su presentación.

El castigo que podría recaer sobre Dívar
Si se demostraran los hechos descritos en la denuncia, podría tratarse de un delito del artículo 433 del Código Penal, que sanciona con multa de 6 a 12 meses y suspensión de empleo o cargo público entre 6 meses y 3 años a la autoridad que hubiese destinado a usos ajenos a la función pública los caudales o efectos puestos a su cargo por razón de sus funciones.