El dato se ha hecho público en la contestación recibida por el Defensor del Pueblo tras la queja planteada el año pasado por el cierre del pazo durante el mes de agosto, según La Voz de Galicia.

La Xunta, al servicio de la familia del dictador
Según la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña, este año también está previsto que la Xunta autorice de nuevo el cierre al público del pazo durante el mes de agosto, coincidiendo con las vacaciones de los Franco, por lo que denuncia que “la Xunta está al servicio de los intereses de la familia del dictador e incumple la Ley de Patrimonio Cultural de Galicia”.

El colmo que los gallegos paguen
La comisión, además, considera “el colmo que la Xunta, es decir, todos los ciudadanos gallegos, tengamos que pagar por la seguridad de esa familia”, que desfruta desde hace 74 años del pazo, que fue robado al pueblo por los fascistas.