La buena noticia, para Francia y para Europa en general, es que el candidato de la izquierda, François Hollande, tiene todas las papeletas para ser el próximo presidente de la República. Pero si el pequeño Napoleón consiguiera revalidar su cargo, podemos estar seguros de que las soflamas xenófobas que soltará de aquí a las elecciones del 6 de mayo se quedarán en nada cuando vuelva a sentarse en el Elíseo. Se trata de una estrategia política infame, sí, pero es menos peligrosa que ver a un Le Pen de al frente del país vecino.

En España, por el contrario, no tenemos un partido como el Frente Nacional. Las formaciones de extrema derecha aquí son un compendio de frikis y analfabetos como Josep Anglada, el chenófobo al que ahora acusan de acabar un acto político liándose a puñetazos con dos inmigrantes. Con todo, dentro de los que se declaran abiertamente de extrema derecha, su partido fue el más votado el 20-N: consiguió el apoyo de un 0,25% de los españoles. Le sigue España 2000, con un 0,04%; Democracia Nacional, con un triste 0,01% y alguno más que ni siquiera pasa del 0% en términos estadísticos.

Viendo estos resultados, un marciano podría pensar que en España no hay ultraderechistas: ni votantes, ni políticos. Mientras que en el país de la liberté, égalité y fraternité dos de cada diez franceses votan a Le Pen, aquí todos somos moderados, y eso que durante 40 años tuvimos a un fascista dominándonos mientras muchos ciudadanos lo recibían “con extraordinaria placidez”.

Pero todos tenemos algún amigo que asegura que “las becas de comedor siempre se las llevan los sudacas”. O el típico cuñado que en la cena familiar te cuenta como los gitanos se quedan los pisos de protección oficial mientras van a recoger la chatarra a lomos de un Ferrari. O incluso el profesor de autoescuela que durante las prácticas te pide, simpáticamente, que aceleres cuando “ese moro” está cruzando el paso de peatones. Son muchos, pero es evidente que no están votando a los partidos antes mencionados.

Muchos de ellos no se plantean otra opción que la de votar al Partido Popular, el mayor representante de la derecha social y que mantiene, elección tras elección, diez millones inalterables de papeletas.  Y en la misma medida que el PP recibe votos ultraderechistas, ampara en sus filas a políticos xenófobos que por salud democrática deberían estar en otra formación como el Frente Nacional de Marine Le Pen.

Mientras Sarkozy intenta engañar a los lepenistas, en España es Cospedal la que se pone una palestina y pide el voto obrero. Pero cuando están en el Gobierno, a quien deben contentar es a los extremistas que tienen en sus filas. Y ahora nos encontramos con que un sin papeles ya no podrá acudir al médico, mientras el portavoz de Sanidad del PP (y consejero de Cospedal, la pasionaria) le acusa de haber “cogido una patera porque sabía que en España tenía la asistencia sanitaria garantizada”.

La gente ya sabía de qué pie cojeaban los hermanos Kaczynski cuando se empeñaron en prohibir el aborto en Polonia. Pero en España muchos se han quedado ojipláticos al ver decir a Gallardón, el rojo del PP, que tener hijos hace a las mujeres “auténticamente mujeres” y que en este país no se puede ejercer libremente “el derecho a la maternidad”. Debe ser que en España hay comandos que se dedican a secuestrar a embarazadas para hacerlas abortar y yo no me he enterado.

Otro ejemplo. Cuando Berlusconi no consiguió la mayoría absoluta para gobernar Italia, se tuvo que aliar con la Lega Nord y les repartió carteras tan sensibles como la de Interior o Reformas para el Federalismo. La xenofobia de este partido era ya conocida, así que a pocos sorprendió que su líder, siendo ministro, pidiera "hundir a cañonazos" las pateras que llegaban al país.

Aquí en España poca gente conocía a Jorge Fernández Díaz cuando le hicieron ministro del Interior, más allá de que era del Opus Dei y se mostraba bastante moderado en las tertulias de la Cadena SER.

Sin embargo, bajo su mandato, hay tres jóvenes universitarios que llevan un mes en prisión preventiva por altercados durante la Huelga General. Una dirigente de CNT también ha sido encerrada después de quemar simbólicamente una caja de cartón frente a la Bolsa de Barcelona. Tiene trabajo, hija y domicilio fijo, pero creen que existe "riesgo de fuga".

En la España de Rajoy, la Guardia Civil se presenta de madrugada en casa de sindicalistas para detenerles por repartir pegatinas por el 29-M. Los políticos presumen de tener informes policiales sobre estudiantes para prohibirles preventivamente ejercer sus derechos. Y se cambian las leyes para perseguir como terroristas a quienes se encadenen a una sucursal o realicen una sentada frente a la Policía.

Si el Partido Popular piensa seguir camuflando entre sus filas a políticos abiertamente xenófobos -cuando no fascistas- al menos debería modificar su logo. No haría falta mucho: bastaría con cambiar la gaviota de alas batientes por el famoso yugo. Un retoque sutil, pero que al menos serviría para advertir de lo que esconden.

Marcos Paradinas es redactor jefe de ELPLURAL.COM