Izquierda Unida denunció el pasado mes de noviembre que consejeros de dichas entidades habían intervenido “de forma decisiva en sus consejos de administración para obtener créditos de escasa solvencia o en condiciones mucho más ventajosas o condiciones de prejubilación que han perjudicado a terceros”. El Fiscal General del Estado entiende que no hay elemento de conexión entre las distintas cajas de ahorro para hacer una tramitación conjunta, por tanto han de hacerse investigaciones sobre cada caja y se da orden a los fiscales provinciales para que inicien la investigación. Además el Fiscal General del Estado entiende que “no hay razones fundadas” para que la Fiscalía Anticorrupción investigue los hechos denunciados.
Actualmente la Fiscalía Anticorrupción tiene tres investigaciones abiertas por la gestión de Caja Castilla La Mancha, la Caja de Ahorros del Mediterráneo y Novacaixagalicia. Además en la Audiencia Nacional a dos causas penales abiertas contra ex directivos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo y Caja Castilla-La Mancha.
Sueldos, prejubilaciones y créditos escandalosos
Además de los sueldos, dietas, indemnizaciones o prejubilaciones, los directivos de las cajas ya extinguidas accedía a créditos millonarios a tipos de interés ridículos. La pregunta que se plantea es: ¿Para qué querían esos créditos si ya ganaban muchísimo dinero? Pues o bien para invertirlo en propiedades inmobiliarias o para colocarlo en depósitos o fondos por los que obtenían mucho más interés. Es decir, si alguien consigue medio millón de euros al 1% de interés y lo deposita en una cuenta o un fondo por el que le dan un 4 o 5% de interés, ya consigue una buena rentabilidad sin hacer nada.
En la denuncia presentada por Izquierda unida consta que en el año 2006 las cajas castellano-leonesas declaraban haber prestado o avalado a los miembros de sus consejos una cantidad por un importe total de 210,796 millones de euros, lo que suponía un 20% más que el año anterior. En 2.010 la cantidad era un 44% superior.
Hasta la fecha solo la Fiscalía provincial de León mantiene abierta una investigación, pero sólo sobre un consejero de la antigua Caja España, el exalcalde de la ciudad, Francisco Fernández que cobró una indemnización de 554.000 euros como empleado de la caja que pasa a la prejubilación. Sobre el resto de directivos y miembros del consejo de Caja España no hay abiertas, hasta ahora, investigaciones.
En la provincia de Segovia el Juzgado de Instrucción número 2 archivó el procedimiento de investigación sobre presuntas irregularidades cometidas por directivos de Caja Segovia, a raíz de una denuncia presentada por UPyD. Este archivo se produjo en contra del fiscal de Segovia, Antonio Silva Jaraquemada, quien entendía que las presuntas irregularidades cometidas en Caja Segovia podían tener relevancia penal. UpyD pedirá ahora la reapertura de esa investigación.
Pero además el coordinador regional de IU, denunció ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que el ex director general de Caja Segovia, Manuel Escribano, “recibirá cerca de seis millones de euros en diez años en concepto de prejubilación”. Escribano abandonó Caja Segovia días antes de que ésta fuera absorbida por Bankia.
