Cuando fue elegido candidato del Partido Demócrata a la presidencia de los Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt se comprometió a conceder un “nuevo trato” al pueblo estadounidense. Era lo que todos conocemos como “new deal”, convertido a partir de ese momento en el eje central de la campaña que lo enfrentó al entonces presidente, el republicano Hoover, a quien derrotó. La toma de posesión no se produjo hasta los primeros días de marzo de 1933, pero a partir de ese momento se inició una gran actividad en la forma de comunicados, declaraciones, propuestas y proyectos de ley, puesto que Roosevelt señaló que necesitaba “cien días” para desarrollar su compromiso, de ahí que a partir de entonces se haya puesto como un periodo simbólico esa centena de días que un gobierno necesita para poder conocer la situación concreta a la que debe enfrentarse. El objetivo que se persiguió con el conjunto de medidas puestas en marcha perseguía un objetivo fundamental: salvar al capitalismo estadounidense, por más que algunas de las propuestas fueran calificadas en algunos sectores como socialistas. Pero sobre todo, ante la situación de crisis que se vivía, lo que se intentó fue no caer en algunos de los errores cometidos por su antecesor.

Apenas dos años antes, en España, unas elecciones municipales condujeron a la proclamación dela II República el 14 de abril de 1931. Se formó un Gobierno provisional, que no dudó a la hora de actuar, tal y como lo explicaba su presidente, Niceto Alcalá-Zamora, en el diario “El Sol” unos días después: “Con actividad febril pero con meditación reflexiva, íbamos dictando, desde el primer momento, medidas trascendentales. Aún no llevábamos veinticuatro horas ejerciendo el Poder, cuando ya estaba anulada toda la abusiva y draconiana legislación penal dela Dictadura”. Citaba luego todo el conjunto de medidas que se tomaron en los primeros días, si bien a la espera de convocar y reunir unas Cortes Constituyentes, que serían las encargadas de ratificar o rechazar todo lo hecho hasta ese momento.

Estos dos ejemplos de gobiernos que accedieron al poder en una coyuntura de crisis tienen algo en común, y es que el primero había definido desde el primer momento ese “nuevo trato” como eje de su actuación política, mientas que el segundo puso en marcha un conjunto de medidas legislativas que estaban ya pactadas, puesto que los partidos que tenían asiento en el nuevo ejecutivo habían realizado con anterioridad una “obra preparatoria”, realizada incluso durante el tiempo en que estuvieron en la cárcel entre diciembre 1930 y marzo del año siguiente.

Estas alusiones de carácter histórico me conducen a la conclusión de que el actual gobierno del PP, bajo la dirección de Mariano Rajoy, no tiene excusa para actuar como lo hace, a veces como si improvisara, en otros casos como si estuviese obligado a adoptar determinadas medidas, e incluso ha dado la impresión de que no se mueve en función de los intereses generales sino de los partidarios, como ha ocurrido con los Presupuestos Generales y las elecciones andaluzas. Todo ello es más grave si tenemos en cuenta dos consideraciones: una, que Rajoy no llega de nuevo a la política, ni siquiera es la primera vez que desempeña funciones ejecutivas, y la segunda, que quien había sido candidato a Presidente en 2004 y en 2008 no puede alegar que ignoraba cuál era la gravedad de la crisis.

En consecuencia, con el Gobierno del PP, los españoles ni tenemos un “nuevo trato” ni una planificación previa de lo que se debía hacer al llegar al poder. Rajoy ha gobernado en su partido de acuerdo con las premisas que, al parecer, Franco le había dado al entonces príncipe Juan Carlos: mirar, escuchar y callar. Porque lo que más sorprende es la ausencia de comunicación directa con los ciudadanos en una coyuntura como la actual y habida cuenta de las medidas tan trascendentales que se adoptan, como las del recorte en Sanidad y Educación, que merecían algo más que una nota de prensa.