Asimismo, el Consejo de Ministros ha aprobado un anteproyecto de ley por el que acomete una "completa" revisión del sistema de tasas judiciales en segunda instancia. El Gobierno prevé que las ganancias obtenidas aumentarán de 172 a 300 millones de euros, que "permitirán sufragar el coste de la Justicia gratuita, evitar abusos y reducir la litigiosidad". La subida afectará a las tasas ya existentes para interponer una demanda o recurso en el orden Civil y Contencioso-administrativo y se aplicará también en lo Social, aunque solo en el caso de recursos en segunda instancia de suplica o casación, quedando también excluido el orden penal.
