Me parece de un gran cinismo quererse apropiar de una afirmación que todos compartimos para atacar el derecho a una maternidad libre y a una muerte digna. Todos, absolutamente todos los ciudadanos, estamos a favor de la vida, pero de una vida digna.
Digna para los recién nacidos como para aquellas personas enfermas terminales que al final de su vida lo único que quieren es no sufrir, dormir y descansar. Y que una mujer cuando decida no seguir con su embarazo por razones económicas, psicológicas, sociales o de salud lo pueda hacer en las mejores condiciones, sin poner su vida en peligro y mucho menos acabando en la cárcel.
Y aquel que no esté de acuerdo con este derecho, simplemente que no lo ejerza. Me parece perfecto que los votantes del PP ni se divorcien, ni aborten, ni pidan la eutanasia. Lo que ocurre es que el cinismo, la hipocresía y la doble moral hace que, a escondidas, muchos de ellos y ellas ejerzan esos derechos.
Que hagan lo que quieran con sus vidas pero que no agredan verbalmente e incluso a veces físicamente a los que defendemos nuestros derechos a cara descubierta.
Insisto, todos queremos una vida digna, de la misma forma que los manifestantes de hoy quieren también dignidad en sus trabajos o a la hora de recibir ayudas ya que se encuentran frente a un precariedad cada vez mayor.
Los empresarios españoles, eufóricos por la nueva ley de reforma laboral, han conseguido del Gobierno de Rajoy que sus empleados hayan perdido de la noche a la mañana unos derechos que han costado años de sudor y lágrimas, para convertirlos en los nuevos esclavos.
En estos momentos tienen sus vidas en sus manos, para bajarles el sueldo, despedirlos gratuitamente, desplazarlos a cualquier precio e incluso para insinuarles que el país no está para huelgas y que por lo tanto es mejor que hoy acudan a su puesto de trabajo.
Estas recomendaciones tipo Al Capone hace que resulte imprescindible salir a la calle a exigir una vida digna.
A decirle al gobierno de Rajoy que con nuestros impuestos queremos que funcionen los hospitales, las urgencias, la enseñanza pública, la ley de dependencia, las becas pero que no estamos dispuestos que vayan a los bolsillos de personajillos como Matas, Camps, Urdangarin, el responsable de los ERES andaluces o los asesores y familiares de cargos públicos.
Que resulta escalofriante que 300.000 familias españolas vivan de la pensión del abuelo o que tengamos que ver cómo Valencia, Canarias, Madrid y Baleares tienen unos servicios sanitarios y sociales muy deficientes, ocupando el “farolillo rojo europeo”.
Por lo tanto, hoy también podremos nosotros entrar a la Puerta del Sol a gritar que queremos una VIDA DIGNA.
Mercè Rivas Torres es periodista y analista político
