En la etapa de Miguel Sebastián se aprobó una Ley en abril de 2009 que estipula que el déficit de tarifa debía ser cero en 2013 y para ello se repartía el coste en tres partes: una parte la pagarían las propias eléctricas (algo que han hecho ya según fuentes del Gobierno anterior), otra parte a través de los Presupuestos Generales del Estado asumiendo el coste de llevar la energía eléctrica a Canarias y Baleares (no se llegó a hacer porque al estallar la crisis e imponerse los recortes la Vicepresidenta Salgado se negó a asumir ese coste), y la tercera parte lo asumirían los consumidores con subidas del recibo.
Otras medidas fundamentales para reducir el déficit de tarifa fueron la "ordenación" de las energías renovables, cuyas subvenciones disparaban el déficit y donde además se habían descubierto fraudes, como huertos solares que por la noche funcionaban con motores a gas-oil.
El impacto de la crisis económica impidió que la totalidad del plan se llevara a cabo y en 2013 Miguel Sebastián propuso "titularizar" la deuda eléctrica, es decir, convertirla en bonos estatales que se puedan vender en los mercados financieros internacionales. El tesoro asumió su colocación y se hicieron al menos tres subastas, pero si los mercados financieros no estaban dispuestos a comprar nuestra deuda pública, no digamos ya los bonos eléctricos.
La "Herencia Piqué" ha supuesto que a día de hoy el déficit tarifario sea de 20.000 millones de euros según el Gobierno y 23.000 según las eléctricas. El último informe de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) sobre las medidas a adoptar han puesto los pelos de punta al sector eléctrico, no porque diga que hay que subir la luz entre un 7 y un 12% (lo pagarían los consumidores), ni por el céntimo verde sobre las gasolinas para subvencionar las renovables (algo que también ha propuesto Endesa), sino porque abiertamente plantea la "quita" a la griega, es decir que el Gobierno no pague a las eléctricas parte de la deuda.
Hasta la fecha el Ministro de Industria ha dicho que no comparte al cien por cien el informe de la CNE, pero hasta la fecha no ha puesto sobre la mesa plan alguno. El Gobierno no dice nada, no aclara dudas y el sector está muy nervioso.
El Presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, ha apuntado una serie de propuestas que servirían para atajar el grave problema del déficit tarifario, entre otras: detener la construcción no sostenible de las energías renovables, porque en España se han alcanzado ya los objetivos planteados por la Unión Europea para el año 2020 y porque aquí se pagan las subvenciones más altas de la UE, 22,5 euros por megawatio hora, cifra que dobla lo que subvenciona Alemania y cuadriplica la subvención de Francia. También propone eliminar de la tarifa eléctrica conceptos que a su juicio no deben ser soportados por el consumidor (subvenciones al carbón, bono social, subvenciones al consumo eléctrico en Canarias y Baleares), liberalizar más el mercado o asignar los ingresos de las subastas de CO2 a la financiación de las renovables, tal y como recomienda la UE.
Ignacio Galán considera que las medidas adoptadas hasta ahora por el nuevo Ministro de Industria, José Manuel Soria, "van en la buena dirección", como la moratoria para la construcción de nuevos proyectos de renovables o la titulización de parte del déficit (13.000 millones de euros entre 2011 y el primer trimestre de 2012, quedando pendientes otros 7.000 millones de euros). No obstante cree que "son insuficientes para acabar con este grave problema".
Las eléctricas no quieren una guerra con el Gobierno, y desde luego no quieren enfrentamientos públicos, pero en sus cuarteles generales han saltado todas las alarmas. Fuentes de Unesa, la patronal que reúne a todas las eléctricas, han declarado a ELPLURAL.COM que si finalmente el Gobierno hace la "quita" el mensaje a los mercados financieros será "brutal", porque no solo tendrían que hacer frente a una pérdida inmediata en sus balanzas, sino también a un "castigo" en los mercados bursátiles. Al final todo eso podría tener otro impacto peor: la pérdida de puestos de trabajo, porque las eléctricas paralizarán inversiones y desde luego reducirán plantilla. La pelota está en el tejado del Ministro de Industria.
