La Exposición de Motivos del anteproyecto de ley cuestionado por el CES se fija como objetivo “contribuir a la consolidación presupuestaria y el saneamiento de las cuentas públicas”. Pero el CES cuestiona que no se ha incorporado “alguna estimación del ahorro público a obtener”. El CES cuestiona asimismo que la vigente LGCA establece que “los prestadores del servicio público de comunicación audiovisual de titularidad pública no podrán participar en el capital social de prestadores privados de comunicación audiovisual”, y ello “podría afectar a la configuración de las fórmulas de gestión que cabe introducir” según el anteproyecto presentado por el Gobierno presidido por Mariano Rajoy.
La preocupación del CES
El dictamen del CES es contundente al “manifestar su preocupación por la incidencia que una modificación de esta naturaleza pudiera tener sobre quienes desarrollan su trabajo en los distintos operadores públicos potencialmente afectados”. Porque la vigente LGCA ya facultaba a las Comunidades Autónomas a incorporar la colaboración privada en todos los servicios, excepto en los informativos.
¿Los informativos públicos, en manos privadas?
El meollo de la cuestión es este. Y es en este punto donde el dictamen del CES adquiere particular gravedad. Recuerda que “la Constitución Española en su artículo 20 consagra el derecho individual y colectivo a la información. Y no puede tratarse de cualquier información sino que, como se ha encargado de constatar el Tribunal Constitucional, ha de regirse por los principios de veracidad, pluralidad, objetividad, neutralidad e independencia. Todos estos principios obligan a los poderes públicos y deben ser tomados en consideración a la hora de modificar la regulación legal del derecho a la información de los ciudadanos, y de respetar su consideración como un servicio esencial de interés general”.
¿Privatizar “un servicio esencial de interés general”?
La preocupación del CES se hace evidente al recordar que la vigente LGCA “señala que los criterios rectores de la dirección editorial del prestador del servicio público se elaborarán por un órgano cuya composición refleje el pluralismo político y social de su ámbito de cobertura”, que “este precepto en la actualidad no genera controversia debido a que el titular y el prestador del servicio son la misma persona”, pero, “al darse la posibilidad de disociar ambas figuras en la gestión indirecta, se abre la duda de si afectará tanto al operador del servicio, que tiene que cumplir con la obligación legal, como a la efectividad de las directrices decididas por el órgano correspondiente y a los mecanismos para garantizar un cumplimiento adecuado de las mismas”.
“Servicios tan culturales como económicos”
El dictamen del CES hace referencia asimismo a las normativas comunitarias europeas sobre la radiodifusión televisiva, establecidas para garantizar “unas condiciones óptimas de competitividad y seguridad jurídica para los servicios e industrias de medios de comunicación en Europa, así como para el respeto de la diversidad cultural y lingüística”, considerando que “los servicios de comunicación audiovisual son tanto servicios culturales como servicios económicos. Su importancia cada vez mayor para las sociedades y la democracia –sobre todo por garantizar la libertad de la información, la diversidad de la opinión y el pluralismo de los medios de comunicación- así como para la educación y la cultura, justifica que se le apliquen normas específicas”.
Una reforma que podría afectar también a RTVE
El CES expresa en su dictamen, aprobado el pasado 22 de febrero, su preocupación por las consecuencias que esta modificación legal pueden afectar al conjunto del sector audiovisual de titularidad pública. Lo dice con rotundidad: “El CES quiere expresar su preocupación por la posible afectación de los medios de titularidad estatal y, eventualmente, local”, a pesar que el anteproyecto de ley se refiere únicamente a “los canales públicos de televisión autonómica”. Y es que la LGCA es una ley que afecta al conjunto del sector audiovisual, y su modificación, en opinión del CES, podría afectar también a RTVE.
El CES, órgano consultivo del Gobierno en materia socieconómica y laboral
El CES es un ente de derecho público, con personalidad jurídica propia, plena capacidad y autonomía orgánica y funcional para el cumplimiento de sus fines, adscrito al Ministerio de Trabajo e Inmigración y que tiene la consideración de órgano consultivo del Gobierno. De ahí la importancia de este contundente dictamen del CES, un organismo compuesto por representantes de las organizaciones sindicales y empresariales, los sectores agrario y marítimo-pesquero, los consumidores y usuarios, las organizaciones cooperativistas y de sociedades laborales, y otros expertos designados por el Gobierno.
